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Al Secretario de Estado de Memoria Democrática, D. Fernando Martínez
Al Director General de Memoria Democrática, D. Diego Blázquez

En el marco de la Consulta Pública sobre la propuesta de Ley de Memoria Democrática D. Enrique del Olmo García, en calidad de Presidente de la Fundación Andreu Nin.

Ante la consulta pública para la modificación y profundización del contenido normativo de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, la Fundación Andreu Nin aporta las siguientes consideraciones:

La elaboración de una nueva ley sobre la Memoria Democrática responde a la necesidad de reconocer la memoria de quienes lucharon por la libertad y la democracia, desterrar definitivamente de nuestra sociedad el franquismo y todo lo que representó.

Entendemos que organizar la convivencia entre los ciudadanos y los pueblos es incompatible con la impunidad, con mantener en el desprecio los restos de los asesinados por el levantamiento franquista y por la dictadura. ¿Qué educación democrática pueden tener las jóvenes generaciones en una sociedad que acepte decenas de miles de asesinados sin reconocimiento, justicia ni exhumación? Y lo mismo vale para las sentencias de tribunales facciosos, aún en vigor.

La situación económica no justifica que se posterguen estas acciones. Se nos llama a pagar deudas, a reparar perjuicios, ¿quién puede pretender que esto se haga dejando sin enterrar a los bisabuelos o con que ciudadanos estén condenados por haber luchado por la libertad?

Entendemos que es responsabilidad del Gobierno aglutinar para las acciones de reparación de los derechos de las víctimas del franquismo a todas las formaciones que luchan por la Memoria Histórica, así como a la mayoría de los ciudadanos y pueblos. Es indispensable un gran movimiento reparador.

En particular, queremos referirnos a:

A) La exhumación de todas las víctimas del franquismo y la dictadura no reconocidas

Es lo más urgente y hay una gran coincidencia al respecto. Es hora de que se conviertan en ley los artículos 1 al 4 de la antes mencionada proposición de ley socialista, con colaboración de las administraciones, víctimas, asociaciones. Lo cual es compatible con propuestas contenidas en otros proyectos de ley.

B) La nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas y la reparación de la justicia

El levantamiento militar y civil del 17-18 de julio de 1936 y los largos años de dictadura de aquellos facciosos fueron una gigantesca operación contra las libertades y derechos de los ciudadanos y pueblos, con consecuencias que según los casos perviven.

Es preciso que la nueva Ley declare la ilegitimidad y nulidad de las actuaciones y sentencias de los tribunales especiales para la represión, desde los consejos de guerra hasta el Tribunal de Orden Publico, porque el conjunto de sus actuaciones, incluidas las sentencias, correspondieron a tribunales ilegítimos que actuaron contra Derecho, y también de cualquier
tribunal, jurado y otros órganos penales o administrativos que actuase contra los que se opusieron al levantamiento del 17-18 de julio y resistieron contra él defendiendo los derechos y las organizaciones obreras y republicanas.

Junto a la reparación se hace imprescindible situar la centralidad de la Justicia en la recuperación de la Memoria Democrática y para ello es necesario:

a) Privar de efecto aquellas disposiciones de la Ley de Amnistía que dejan impunes las violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

b) Recuperar el ejercicio de la jurisdicción de justicia universal, impulsando la colaboración de la justicia española con causas impulsadas por la justicia de otros países contra los crímenes del franquismo.

C) Facilitar el acceso a todos los archivos y fondos

Revisar aquellos criterios de privacidad y confidencialidad que impiden el estudio y manejo de los mismos, aplicando los criterios internacionales establecidos en la materia. La ley de Memoria Democrática debe eliminar las trabas y barreras que impiden o dificultan la investigación y acceso a la verdad.

Se hace imprescindible la derogación de la Ley de Secretos Oficiales

D) Creación de la Comisión de la Verdad

La nueva Ley debe determinar el fin de un oscurantismo e impunidad que en parte permanece a los 84 años de 1936.

De acuerdo con las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidad, Pablo de Grieff, en su informe de 22 de julio de 2014 el Congreso de los Diputados debe crear una Comisión de la Verdad para todo el ámbito
estatal, como órgano temporal y de carácter no judicial con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos y las graves infracciones cometidas, promoviendo así el reconocimiento de las responsabilidades de quienes participaron en la comisión de crímenes de lesa humanidad. El Estado deberá dotar de los recursos necesarios para ello como forma de favorecer la convivencia democrática.

Esta Comisión actuará con plena autonomía en su investigación y reconocimiento de la verdad. Requerirá, recuperará y recopilará los testimonios orales y otros materiales relativos al periodo histórico referido en la presente Ley. Reunirá e incorporará los informes y conclusiones alcanzadas por las diversas comisiones de la verdad o grupos de trabajo creados a escala autonómica o local. Tendrá acceso a los documentos históricos, sin limitación de acceso a los mismos por su condición de material clasificado o secreto o por el lugar en el que se encuentren, dentro o fuera del territorio nacional, testimonios y otros materiales para
elaborar un informe final incluyente y global.

Su informe sobre las violaciones a los derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad y de guerra propondrá al Congreso medidas de reparación integral de las víctimas que estime convenientes así como otras para organizar la convivencia en el futuro.

Lo que antecede para nada subvalora la lacerante urgencia de resolver el asunto de los bebés robados, y las exigencias de cualquier víctima, que requieren el apoyo incondicional de todos los que propugnan la Memoria Histórica.

Reconocemos el trabajo que la Secretaria de Estado y la Dirección General de Memoria Democrática realizan para ordenar las aspiraciones de millares de ciudadanos que llevan décadas recabando una reparación justa lo que supondría a la vez una mejora cualitativa de nuestra calidad democrática y de nuestro marco de convivencia.

En Madrid, a 8 de julio de 2020