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Una aproximación al sistema de partidos de la II República (José Luis Mateos, 2024)

El sistema de partidos pretende establecer la relación entre los grupos y clases sociales que conforman una estructura social, las organizaciones que representan sus intereses y aspiraciones y las instituciones de la organización política, es decir, el Estado, con su normativa jurídica y su capacidad para la interiorización del conflicto. Una relación multidireccional que podría resumirse en una vieja y angosta trilogía y no por ello menos cierta, clase-partido-Estado.

Para comprender un sistema de partidos se requiere de una cierta estabilidad, pero en los breves años de duración de la República Española nada más inestable que su sistema de representación partidaria, nunca consolidado, siempre dinámico. Continuar leyendo «Una aproximación al sistema de partidos de la II República (José Luis Mateos, 2024)»

Joaquín Maurín, diputado (Agustín Santos Maraver, 2023)

 

Intervención en el acto organizado por la Fundación Andreu Nin en el Ateneo de Madrid en conmemoración del cincuentenario de la muerte de Joaquín Maurín, el 13 de noviembre de 2023. Agustín Santos es diputado por SUMAR y miembro de la Fundación Andreu Nin.

Joaquín Maurín fue elegido diputado en las elecciones del 16 de febrero de 1936. Participó en ellas a través del Front d’Esquerres de Catalunya (FdEC), una coalición cuya principal fuerza era ERC, tres grupos surgidos de ella y tres organizaciones que se reclamaban del marxismo: el POUM -del que Maurín era el principal dirigente-, el PCP y el PCC, que poco después participarían en la creación del PSUC. Entre los elementos centrales de su programa figuraban la amnistía para los represaliados de Octubre de 1934, la recuperación de la Generalitat y el restablecimiento del Estatut de Nuria. El FdEC, como el de Valencia, se organizaron en solidaridad con la coalición en el resto de España que se acabaría conociendo como el Frente Popular.

Como es conocido la formación de esta coalición, con sus diferencias territoriales, entre republicanos, socialistas y las izquierdas comunistas, no fue fácil. Azaña, la principal figura del republicanismo, encarcelado tras las Jornadas de Octubre de 1934, se había negado en un principio a integrar, en lo que él calificaba como la “Coalición Republicana”, a otra fuerza a su izquierda que no fuera el PSOE. Tres ministros socialistas habían participado ya en los gobiernos republicanos de 1931 a 1933. El mediador clave para esa participación había sido Indalecio Prieto que, después de Octubre de 1934 se exiliaría en París.

Pero Largo Caballero -presidente del PSOE, secretario general de la UGT, y dirigente de la corriente de Izquierda Socialista- era abiertamente reticente a la estrategia del republicanismo. Para Azaña, las elecciones de 1936 deberían abrir paso a gobiernos republicanos, apoyados parlamentariamente por el PSOE, cuyo objetivo fuera recuperar la legislación reformista del primer bienio (reforma agraria, autonomía regional, cuestión religiosa en sus aspectos más moderados) y mantener los aspectos menos impopulares del bienio negro conservador.

Su objetivo era recuperar al electorado de centro republicano, evitando un agravamiento de la polarización que, desde las elecciones de noviembre de 1933, se había ido agudizando bajo el gobierno radical de Lerroux. Este gobierno había contado con el apoyo parlamentario de la derecha monárquica, reagrupada en la CEDA de Jose Maria Gil Robles y en Renovación Española de José Calvo Sotelo. las Jornadas anarquistas de diciembre de 1933; la entrada en el gobierno de la CEDA en octubre de 1934; y las jornadas de Octubre de 1934, como movimiento defensivo de las izquierdas y nacionalistas catalanes habían retro-alimentado esa polarización. La CEDA había sido la fuerza central de la Unión de la Derecha y Agrarios en las elecciones de noviembre de 1933, monárquicos que aspiraban a un “estado corporativista” a imagen de Salazar en Portugal o Mussolini en Italia, con marchas uniformadas en El Escorial o Covadonga. Otro militante de la Izquierda Comunista de Andreu Nin, Grandizo Munis, nos ha dejado un relato y análisis de este período en su libro, poco conocido, pero archivado en internet, Jalones de derrotas, promesas de victoria.

Largo Caballero dimitió de la presidencia del PSOE en diciembre de 1935, después de quedar en minoría su posición de rechazo de la estrategia del republicanismo. Su análisis del bienio negro, del ascenso de la extrema derecha corporativista y fascista y las debilidades del apoyo del republicanismo a las Jornadas de Octubre de 1934 era muy diferente del de Azaña: la burguesía republicana no era capaz de impulsar la revolución democrática implícita en la proclamación de la II República; ese papel solo podía corresponder ya a las clases trabajadoras. Era imprescindible reforzar ese polo político y social trabajador pasando por una fase intermedia de una coalición electoral en febrero de 1936, lo que le permitía enlazar, modificándola, con la línea de Indalecio Prieto. Así, contra la opinión inicial de Azaña, acabaron participando en la Coalición Republicana las fuerzas comunistas, sumidas en un intenso balance de las lecciones de  Octubre de 1934, sobre la unidad de las izquierdas marxistas, y un programa de movilización de reforma agraria, mejoras salariales, nacionalización de la banca y reforma del aparato de estado heredado de la Primera Restauración.

El republicanismo y Azaña aceptaron finalmente, bajo la presión de Largo Caballero, la ampliación de la coalición a las izquierdas, lo que permitió la elección en Catalunya de Joaquín Maurín, pero no así el programa de las izquierdas. Basta consultar el programa de lo que se acabaría llamando el Frente Popular para comprobarlo: a cada aspiración de las izquierdas, las fuerzas republicanas objetaban, posponiendo su aplicación indefinidamente.

El discurso de Maurín en el Congreso

 Joaquín Maurín pronunció cuatro discursos en el Congreso de los Diputados. El tercero de ellos el 16 de junio de 1936,  resume en buena medida las preocupaciones de sus dos anteriores (*). Un mes más tarde, desplazado a Galicia para el congreso regional del POUM, Maurín fue detenido por los sublevados en su intento de llegar al sector republicano y no pudo participar políticamente en la resistencia de la Segunda República frente a los sublevados.

Pero su discurso fue ejemplo de ese “análisis concreto de la situación concreta” que nos sitúa en la coyuntura de la primavera y el verano de 1936 y que ilumina y nos advierte sobre la situación que vivimos actualmente desde las elecciones del 23 de julio de 2023. Sus cuatro discursos parlamentarios pueden consultarse en el libro de Victor Alba, La Revolución española en la práctica (ed. Jucar 1977). El discurso al que me refiero puede consultarse en la web de la Fundación Andreu Nin, con el título El peligro fascista.

1- El punto de partida del discurso de Maurín es su denuncia de la contradicción que existía en el seno de los gobiernos republicanos tras las elecciones del 16 de febrero: el Gobierno Azaña y el Gobierno Casares Quiroga. El techo de cristal programático impuesto por el republicanismo, en su búsqueda de un centro republicano que desaparecía erosionado por la polarización política y social y el ascenso del fascismo, estaba creando una fuerte desmovilización de las clases trabajadoras y populares. Si en el primer bienio republicano habían participado tres ministros del PSOE para impulsar el programa social, ahora no había fuerzas de izquierdas presentes en el gobierno ni garantía institucional de la aplicación de un programa progresista, que había quedado marginado y con él el propio triunfo electoral del 16 de febrero. Esta situación, como sabemos, no cambiaría tampoco con el gobierno Giral y solo se formó un gobierno de izquierdas, esta vez con Largo Caballero como presidente, después del 18 de julio y la sublevación militar.

2- El segundo aspecto que abordaba eran las dos cuestiones democráticas más urgentes. Los gobiernos republicanos seguían manteniendo la suspensión de garantías constitucionales, una práctica mantenida desde la crisis de la Primera Restauración. ¿Cómo extender así la democracia, incluida la libertad de prensa, y permitir la organización de las clases populares? La segunda era la defensa de la Amnistía de los presos y represaliados de las jornadas de Octubre de 1934. Algo especialmente irritante tras el precedente de la ley de amnistía de la CEDA de abril de 1934, que había puesto en libertad a los participantes de la “Sanjurjada” de 1932. Los presos de Octubre del 34 habían sido puestos en libertad por las manifestaciones populares, pero el Congreso no había aun aprobado una ley específica ni el gobierno readmitido a los funcionarios y militares represaliados en Octubre de 1934.

3- El tercer eje fue la necesidad de la reforma de la administración de la Justicia, la disolución de los tribunales de urgencia del bienio negro y la restauración del jurado popular, que permitiese la presencia directa de los sujetos de la soberanía popular en una administración de la Justicia en la que el origen social y las opciones políticas de los jueces hacían que actuasen mayoritariamente a favor de las derechas y las extremas derechas.

4- La parálisis y contención institucional del programa progresista estaba provocando no solo una falta de representatividad de facto del Congreso en relación con los votantes del Frente Popular, sino que alentaba los movimientos huelguísticos y sociales: por la semana de 40 horas, un salario mínimo, servicios de empleo para los parados, tierras para los campesino jornaleros. La inestabilidad social, sin respuesta política de las fuerzas republicanas y de izquierdas creaban el clima de profundo desengaño que alimentaba el descontento contrarrevolucionario y fascista.

5- Para hacer frente al fascismo, no bastaban medidas coercitivas, hacía falta medidas políticas, empezando por la resolución progresiva de la contradicción interna del Frente Popular entre la parálisis del republicanismo, a la búsqueda del centro menguante en plena polarización histórica, y la alternativa progresista de las fuerzas de izquierda. Dar paso a un gobierno capaz de aplicar el programa de la Revolución Democrática, cuyas tareas Maurín había definido ya en 1935 en su obra Hacia la Segunda Revolución Española (recién reeditada por Andy Durgan para la Fundación Andreu Nin, que en los años 1960 había puesto de nuevo en circulación, clandestina, la inolvidable editorial Ruedo Ibérico de Paris con el título Revolución y contrarrevolución en España. Es decir, una revolución democrática progresista que asegurase la libertad republicana garantizando las condiciones básicas de existencia de los ciudadanos: la nacionalización de las tierras, los ferrocarriles, la gran industria, las minas, la banca…

Maurín hoy como inspiración

 Desde las elecciones del 23 de julio, especialmente tras el fracaso de la moción de investidura de Feijoo, estamos viviendo un proceso de polarización y de movilización de la derecha y de la extrema derecha sin precedentes. Su primer objetivo ha sido impedir la formación de una coalición parlamentaria mayoritaria alternativa que apoye un nuevo gobierno progresista. Pero el jueves se votará la moción investidura de Pedro Sánchez con 179 votos, y este será el primer fracaso de esas movilizaciones.

Pero continuarán, con las mismas estrategias de deslegitimación de las derechas de 1931, 1933, 1936, 2004, 2019. Es asombroso la continuidad de una narrativa basada en una concepción de nación esencialista, centralista, anti-progresista y anti-democrática. Una concepción de nación que deja fuera de ella a todo aquello que cuestiona los intereses de las clases dominantes. En este caso, la herencia del giro anti-neoliberal durante la crisis del Covid del primer gobierno de coalición progresista que, a pesar de todas sus limitaciones y, con la ayuda de los fondos de residencia y reconstrucción europeos, han permitido abrir un nuevo horizonte.

Ese nuevo horizonte, como el programa de la revolución democrática de Maurín, se apoya en dos ejes: un nuevo pacto territorial y nacional que rearticule el estado (y para ello es necesario superar la crisis constitucional en Cataluña iniciada por el recurso al Estatut del PP, la aplicación del artículo 155 al Process, con la judicialización del independentismo); y un nuevo pacto social que, tras las consecuencias de la gran recesión de 2007-2008, la crisis del covid y la crisis de la inflación, garantice las condiciones materiales que permiten el ejercicio de la ciudadanía y de la democracia.

En un marco de ajuste fiscal europeo, la aspiración social del nuevo gobierno es asegurar que se continua un proceso de redistribución, reforma del estado de bienestar para superar las políticas condicionadas para pobres, de aumento del SMI, reducción de las horas de trabajo, reforzamiento de nuestra sanidad, educación y apoyo a la dependencia, garantizar el acceso a la vivienda. Es decir, la satisfacción de los derechos básicos de ciudadanía. Será clave para ello la reforma fiscal progresista, en especial asegurando una base del 15% sobre los beneficios, como defiende Naciones Unidas, y la negociación de los presupuestos de 2024 y 2025.

Bloquear esta acción de gobierno, paralizar la administración del estado, monopolizar para sus intereses a la justicia, es lo que busca como segunda opción la movilización de la derecha y la extrema derecha. Lo acaba de explicar hoy un portavoz del PP: meter a Pedro Sánchez en un maletero y sacarlo de España. Una forma expeditiva de acabar con el “sanchismo”.

Maurín lo explico bien en el momento que le tocó vivir. Este tipo de movilizaciones institucionales y extraparlamentarias de las derechas extremas y de la extrema derecha exigen:

1- Una acción de gobierno que vaya a la raíz de los problemas, a los límites estructurales que hoy impiden los cambios necesarios para situarnos al nivel de los países europeos y democráticos más avanzados, y que resuelva esas contradicciones a favor de los intereses mayoritarios, que son los de las clases trabajadoras y populares.

2- Una acción parlamentaria que sostenga legislativamente el mandato recibido en las elecciones, que gane legitimidad con su capacidad de debate y de convencer, que refleje la soberanía popular y extienda la democracia a todos los aspectos de la administración del estado, de la vida económica y la sociedad civil. Que avance en la definición de la Agenda 2030 y su aplicación, sin dejar a nadie atrás.

3- Una acción ciudadana capaz de convencer y desarrollar la hegemonía necesaria para defender un modelo de país progresista y que recupere las calles para la convivencia democrática.

Esa es la tarea que nos corresponde, cuando celebramos el cincuenta aniversario de la muerte en el exilio de quién fue uno de los pensadores y dirigentes históricos más importantes de la izquierda española.

Madrid, 13 de noviembre 2023

(*) Mi agradecimiento a Juan Manuel Vera y a Paco Carvajal, compañeros de la FAN, por su corrección de algunos errores iniciales de este texto.

El peligro fascista (Joaquín Maurín, 16 de junio de 1936, discurso en las Cortes)

Discurso pronunciado el 16 de junio de 1936 ante las Cortes españolas. Joaquín Maurín, secretario general del POUM, fue elegido diputado por Barcelona en la candidatura del Front d’Esquerres. También disponible el discurso de 15 de abril de 1936, Socialismo o fascismo. [Los títulos de los discursos son de la Fundación Andreu Nin].

El señor Ventosa, en su intervención, se quejaba de que el Gobierno es beligerante ante el problema del orden público. Discrepo completamente de lo manifestado por el señor Ventosa. Yo tengo que hacer una crítica del Gobierno precisamente porque después de haber afirmado hace aproximadamente un mes que él sería beligerante ante el problema del fascismo, el Gobierno no es verdaderamente beligerante. El hecho de que en esta Cámara puedan pronunciarse discursos de tipo fascista como el pronunciado por el señor Calvo Sotelo hace unas semanas y esta misma tarde demuestra que el Gobierno da, incluso en el propio Parlamento, toda clase de facilidades a las hordas fascistas, a esas hordas a que antes en sentido negativo se refería el señor Calvo Sotelo.

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90 aniversario de la Segunda República: su significación revolucionaria (Antonio Rubira León, 2021)

90 años después de la llegada de la Segunda República, la valoración e interpretación de su significado histórico se sigue anteponiendo al conocimiento de los hechos y la comprensión de su contenido político y social. Al ser el período más revolucionario de la Historia Contemporánea de España, sobre el que pivota la Guerra Civil, la Dictadura franquista y la Transición democrática -que decide pasar página de los crímenes de guerra y posguerra del movimiento fascista-, tanto la bibliografía franquista durante 40 años, como la liberal, socialdemócrata y estalinista otros 40, reduce, selecciona y simplifica el marco conceptual de la época a la lucha entre la democracia burguesa y el fascismo. Mientras la visión franquista durante cuatro décadas -persistente hasta la actualidad en amplios sectores de la derecha política y mediática-, olvida y denigra la República hasta el punto de criticarla en mayor medida que a la Dictadura, los partidos obreros mayoritarias se reclaman de los objetivos democrático-burgueses de Azaña, desentendiéndose de las luchas revolucionarios de la clase trabajadora en esos cinco años y reduciendo su valor a ser una muleta de apoyo social a las reformas democráticas de la República burguesa a la que combaten los trabajadores, precisamente, por su incapacidad de mejorar sus condiciones de vida y no frenar la contrarrevolución que la clase dominante lleva cabo contra sus movilizaciones en 1934 y 1936.

A pesar de que la mayor parte de la bibliografía utiliza el marco conceptual de la democracia burguesa para el análisis político en la interpretación de la Segunda República, desde los parámetros de actuación de los Gobiernos y sus leyes, cuando la realidad social rompe dicho marco, es imprescindible salir del mismo para comprender la Historia. Este es el motivo por el que en 1986, en el 50 aniversario del inicio de la Guerra Civil y cuatro años después de llegar el PSOE al Gobierno, cuando TVE lleva a cabo el mayor despliegue documental que se haya realizado, en las dos horas dedicadas al Frente Popular se explican todos los cambios de gobierno, las leyes aprobadas y lo que hacen y dicen los partidos políticos, pero no se diga nada de las luchas obreras, omitiendo que en esos cinco meses se lleva a cabo el mayor número de huelgas laborales, salariales y políticas de la Historia de España. En Historia una verdad contada a medias es la peor de las mentiras.

El período 1931-1936 bascula sobre el conflicto de clases sociales enfrentadas; desde la propia proclamación de la República a través de unas simples elecciones municipales el 12 de abril de 1931, algo que en sí mismo sería incomprensible para efectuar un cambio de régimen político, como en su finalización, en las causas que llevan a la clase dominante -banqueros y terratenientes con el apoyo de la Iglesia y el Ejército-, que dan un golpe de Estado respondido por la clase obrera haciendo la revolución social el 18-19 de julio de 1936. Contestar a estas dos preguntas, donde ningún partido obrero las organiza, significa analizar el comportamiento de la clase trabajadora que las protagoniza. La Historia es la ciencia que estudia la actuación de los seres humanos en la transformación de la realidad en su contexto económico, político y social, de manera que analiza la vinculación dialéctica entre su comportamiento subjetivo con las condiciones objetivas del orden establecido que se resiste a ellos.

Todos los cambios en el régimen político de la Edad Contemporánea son producto del choque y el conflicto de clases sociales, constatado empíricamente en los períodos de grave crisis económica. Su máxima expresión son los procesos revolucionarios, unas veces abortados por la reacción del Estado con golpes militares –Grecia 1967 ,Chile 1973- o bien por movimientos fascistas de masas -Italia 1922, Alemania 1933-, mientras en otras culmina en situaciones revolucionarias, tanto si triunfan -Rusia 1917- como si son derrotados -España 1936-. Cuando la lucha de clases desborda el marco conceptual de la democracia burguesa y el sistema capitalista, como ocurre en el Estado español entre 1931 y 1936, los parámetros de análisis deben adaptarse a la realidad, y no limitarse al marco conceptual positivista del orden establecido.

De la misma forma, hay dos preguntas que responder a la actuación subjetiva de las organizaciones obreras como expresión política del proceso revolucionario objetivo: ¿por qué la huelga general revolucionaria convocada por el PSOE y la UGT en todo el país el 5 de octubre de 1934, que se produce en todo el Estado, solo triunfa en Asturias? Y, ¿por qué el PCE tiene una intervención táctica y estratégica en defensa de la República
burguesa durante el Frente Popular y, sobre todo en la Revolución del 18-19 de julio, que le lleva a combatirla? Su respuesta permite analizar la disfunción que se produce entre una clase obrera cuya conciencia, organización y lucha le lleva a hacer una revolución parcial -octubre de 1934 en Asturias- y otra general -verano de 1936 en la mitad de la península- y por otra, la actuación política desde la dirección de sus organizaciones de clase que no se pone a la cabeza de ninguna de las dos revoluciones.

La realidad objetiva del Estado español en 1931 es una sociedad atrasada
económicamente, fundamentalmente agraria con una baja productividad en el campo por su pobre nivel técnico y la mayor desigualdad en la propiedad de la tierra de Europa, pero con núcleos industriales de concentración proletaria fuertemente organizada de trabajadores metalúrgicos, mineros y obreros de la construcción sobre todo en Cataluña, País Vasco, Asturias y Madrid que, junto con los jornaleros del campo andaluz, extremeño y manchego, forman una clase obrera organizada sindicalmente en la CNT y
la UGT que aumenta de casi un millón de afiliados en 1931 a más de dos millones en 1933.

Las estructuras del Estado están dominadas desde el siglo XIX por la aristocracia latifundista y financiera que, junto con una casta militar y eclesiástica reaccionaria y sobredimensionada respecto a Europa occidental, dirige la sociedad con reminiscencias del Antiguo Régimen. En 1931 de los 8´7 millones de trabajadores que hay, 2´3 son rabajadores industriales y 1´9 son jornaleros del campo, la CNT tiene más de 500.000 afiliados y la UGT 287.000, lo que constituye una realidad subjetiva que es quién mueve
todo el tablero político en la correlación de fuerzas entre las clases. Por su parte, la clase dominante cuenta con 12.000 familias terratenientes, 80.000 empresas y 40.000 comerciantes. Sin embargo, las clases medias, que por sí mismas no protagonizan los conflictos sociales, son decisivas en función de su posicionamiento entre la burguesía y el proletariado en momentos revolucionarios: artesanos, medianos propietarios rurales, tenderos, funcionarios, pequeños industriales y profesionales suman 1´3 millones de
personas.

Cuando la bibliografía mayoritaria destaca la llegada de la Segunda República como consecuencia política del Pacto de San Sebastián en 1930 entre pequeñas organizaciones de la burguesía liberal -a las que se suma a título individual Indalecio Prieto del PSOE y posteriormente el partido como tal- en su intento de modernizar el Estado por medio de reformas democráticas, una vez cae la dictadura de Primo de Rivera a comienzos de año, “olvida” mencionar que en este año se producen la mayor cantidad
de huelgas obreras desde 1923, con 3´7 millones de jornadas perdidas de trabajo.

La explosión social en la celebración del 14 de abril proclamando la República por la victoria de las candidaturas republicanas en las elecciones municipales dos días antes en la mayor parte de las capitales de provincias, es el pueblo trabajador su protagonista, como reconoce el que posteriormente fuera líder de la CEDA Gil Robles en sus memorias: “Triunfó la República en 1931, por la aportación masiva del elemento obrero.
Sin él, no hubiese hecho caer a la monarquía ni el esfuerzo de los partidos republicanos”(José Marial Gil Robles, No fue posible la paz, Barcelona, Planeta, 1988, p. 779). De hecho, la pequeña burguesía liberal, consciente de su debilidad política, restringida a sectores de las capas medias en el ámbito urbano, se tiene que apoyar en el PSOE como fuerza de masas para constituir el Gobierno republicano-socialista de 1931 a 1933.

Es preciso remarcar que el cambio de régimen político de la Monarquía a la República no conlleva un cambio económico ni de las estructuras del Estado, que siguen siendo las mismas de antes de 1931, como demuestra que la mayor parte de las reformas gubernamentales –protagonizadas desde el Ministerio de Trabajo con Largo Caballero- sean incumplidas por los propietarios, sobre todo en el medio rural, con la ayuda de la Guardia civil y los Gobernadores civiles que reprimen los Jurados mixtos en la negociación colectiva. La Gaceta de Madrid el 15 de abril de 1931 declara: “La propiedad
privada queda garantizada por la ley”. Sin embargo, la Reforma Agraria, que es la más importante de toda la República y la demanda social más urgente para dos millones de jornaleros sin tierra, choca frontalmente con la propiedad privada. Después de más de un año de debates hasta septiembre de 1932 en que es aprobada, consiste en prometer tierras a entre 60.000 y 75.000 familias al año. Sin embargo, dos años después solo han repartido 116.837 hectáreas a 12.260 jornaleros, lo que significa apenas 10 hectáreas por unidad y solo ha llegado al 1´3% de las familias necesitadas y al 1´9% de las hectáreas cultivadas. Mientras tanto, sigue habiendo 7´5 millones de hectáreas en manos de grandes latifundistas y empresarios agrarios.

El carácter reformista del primer gobierno republicano-socialista entre la pequeña burguesía liberal que quiere modernizar España y la socialdemocracia del Partido Socialista que pretende transformar la sociedad desde el Parlamento sobre la legislación democrática, encuentra desde el primer momento la oposición de la burguesa industrial y latifundista, incapaz de hacer frente a la llegada de la Republica, pero cada vez más organizada aglutinando las capas medias, sobre todo el medio rural, donde además de los terratenientes y grandes propietarios -que son quienes las dirigen- reciben el apoyo de los pequeños propietarios que apenas producen para subsistir y que son la base social de la mitad norte peninsular fuera de los focos industriales, y que la Reforma Agraria de
la República tampoco ha ayudado a mejorar sus condiciones de vida.

Entre la frustración de la Reforma Agraria y las dificultades para que se cumplan las reformas ministeriales, el Gobierno republicano-socialista salta por los aires con el choque de Largo Caballero con Azaña y Alcalá Zamora, lo que lleva a su destitución y nuevas elecciones donde los Republicanos y el PSOE van por separado a las elecciones de 1933 -que electoralmente prima en escaños las coaliciones- dando lugar a la victoria
de la derecha a la que se suma la aparición de la CEDA. Este primer bienio reformista aleja a la UGT –en apoyo del gobierno de coalición del PSOE con la burguesía liberal- de las luchas obreras que protagoniza la CNT con huelgas y tres insurrecciones locales.

Ningún acontecimiento importante en cualquier país durante la Edad Contemporánea puede analizarse sin tener en cuenta el contexto internacional en que se ubica, debido al nivel de interrelación económica que el sistema capitalista ha vertebrado a nivel mundial, con su correspondiente expresión política en el enfrentamiento de clases que
lo caracteriza desde la Revolución industrial. En 1931 la crisis económica mundial del capitalismo a raíz del crack de 1929 -aunque en España afecta en menor medida que a los países más desarrollados industrialmente por su atraso histórico y una alta protección arancelaria- las condiciones de vida de la clase trabajadora son cada vez peores, por lo que tiene lugar un grado de conciencia de clase a través de la organización y la movilización que le enfrenta directamente con los empresarios y las estructuras del
Estado. Mientras en Europa occidental y EE.UU. los sindicatos y partidos obreros aumentan la afiliación y las huelgas, la referencia de la Revolución Rusa dota de una vanguardia de lucha y organización contra el sistema capitalista a través de Partidos Comunistas que serán arrastrados por la consolidación estalinista desde 1927 en la URSS, fruto del reflujo revolucionario por su aislamiento internacional y la destrucción económica del país después de siete años de guerra europea, revolución y guerra civil -1914-1921-. El giro táctico y estratégico del estalinismo en el VI Congreso de la Internacional Comunista de 1928 hacia el ultraizquierdismo, en contra el Frente Único de lucha junto al resto de organizaciones obreras -todo lo contrario de la política bolchevique en la Revolución de 1917 a través de los Soviets-, deja aislados a los nuevos Partidos Comunistas de una parte sustancial de la clase trabajadora. Esta es una las razones fundamentales en Alemania para el surgimiento del Nazismo como movimiento de masas de las capas medias -no ganadas por la clase obrera para transformar la
sociedad-, así como sectores de trabajadores desencantados por la división del movimiento obrero entre el SPD y el KPD, sin alternativa al sistema capitalista.

1934 es el año decisivo en el devenir de la República. De una parte, la frustración de un sector del PSOE liderado por Largo Caballero llega a la conclusión de que hay que hacer la revolución socialista, pues las reformas legislativas desde el Gobierno no pueden mejorar las condiciones de vida de la clase obrera apelando a su propia experiencia, y arrastrado por la radicalización de la Federación de Trabajadores de la Tierra -luego
FNTT- de la UGT, que es la punta de lanza tras el fracaso de la Reforma Agraria. De hecho, durante los últimos meses del Gobierno republicano socialista -este es el motivo fundamental de su ruptura- la incorporación de la UGT en huelgas conjuntas con la CNT en 1933 triplica las habidas desde 1930: 3´7 millones de jornadas perdidas por huelgas en 1930; 3´8 en 1931, 3´5 en 1932 y 14´4 millones en 1933.

Por otra parte, la victoria del nazismo en Alemania en 1933 con la destrucción del movimiento obrero organizado en el país con los partidos obreros más fuertes de Europa ilegalizados, sumado a la argumentación fascista de la CEDA y las contrarreformas del nuevo gobierno de derechas que deshace las pequeñas y tímidas de 1931, pone en guardia a sectores de la clase obrera, como se demuestra en Asturias que realiza varias huelgas políticas contra la victoria nazi en Alemania y Austria.

Desde comienzos de 1934 la ruptura de hecho -no formal- en el PSOE lleva a Largo Caballero a planificar la revolución socialista para hacer frente a la amenaza de la CEDA si entra en el Gobierno de Lerroux, por medio de las Alianza Obreras, donde persigue la unidad de acción de todas las organizaciones proletarias. Sin embargo, no es apoyado por la CNT -la más fuerte de todas- ni por el estalinismo del PCE -que continua en su táctica ultraizquierdista contra el Frente Único ordenado por Moscú-. El único lugar donde se produce una Alianza Obrera fuerte, es decir, entre UGT y CNT, es en Asturias en marzo de 1934 -no obedeciendo ésta a su dirección estatal-.

La falta de consistencia teórica del PSOE de Largo Caballero evita ninguna claridad táctica y estratégica para planificar la revolución, como demuestra la Huelga Campesina del verano de 1934. Liderada por su fracción de la FNTT, a pesar del incremento de huelgas industriales la primera mitad del año, ni el PSOE ni la UGT proponen unificar la lucha de los obreros del campo con los de la ciudad. El resultado, a pesar de obtenerse la mayor huelga campesina de la historia donde más de 830 municipios permanecen más de una semana en huelga -los dominados por la FNTT hasta dos semanas-, sobre todo de Andalucía, Castilla la Nueva, Extremadura, pero también 60 poblaciones de Valencia, 47 de Castilla la Vieja y 45 de Navarra -lugares donde predomina la pequeña propiedad en mayor medida que los jornaleros-, es derrotada y reprimida brutalmente por no existir ninguna
coordinación estatal, ni objetivos políticos definidos.

De la misma forma, cuando Lerroux introduce varios ministros de la CEDA en el Gobierno el 4 de octubre -que es la “señal” que el PSOE precisa para desencadenar la Huelga General Revolucionaria-, no hay nada organizado ni por el PSOE y la UGT, ni por las Alianzas Obreras. La huelga es general en todo el Estado -en Madrid dura nueve días- pero solo hay organización en Asturias, donde los metalúrgicos y mineros desarman los puestos de la Guardia civil en las cuencas mineras y colectivizan la producción con
18.000 trabajadores armados. La falta de coordinación en Oviedo y Gijón -donde además como estaba previamente anunciada la huelga les dio tiempo a los militares a esconder los cerrojos de miles de fusiles que tomaron los revolucionarios de los cuarteles de Oviedo- y, sobre todo su aislamiento, permite que el Gobierno de la República bajo el mando del General Franco organice desde Madrid la invasión de Asturias por tren con miles de soldados -la CNT se negó a convocar huelga ferroviaria-, así como varios barcos con regulares de África llegados al puerto de Gijón y de aviones que bombardean durante días los barrios obreros y las cuencas mineras. Resultado del aislamiento, la falta de organización estatal y la concentración de las fuerza del Estado en un único lugar, da lugar a la derrota de la revolución de Asturias y una salvaje represión con cientos de muertos y miles de encarcelados por todo el Estado.

Mientras la burguesía liberal desalojada del Gobierno en 1933 asiste atónita a esta realidad social de 1934 protagonizada por el movimiento obrero, sin jugar papel político alguno, la oligarquía latifundista y financiera – esarticuladas políticamente en 1931-, por el contrario, comienza a estructurarse desde 1933 en busca de un apoyo social entre las clase medias, sobre todo en el medio rural muy influenciado por el catolicismo, con objeto de constituirse en la oposición a las luchas de la clase trabajadora, más allá de la batalla parlamentaria. La CEDA se forma en febrero de 1933 con 700.000 afiliados, básicamente pequeños propietarios de tierras, la Confederación Católica Agraria reúne 200.0000 pequeños propietarios, en julio de 1933 la Unión Económica que vertebra asociaciones del capital industrial, financiero y agrario celebra una Magna asamblea Nacional de más de 1.000 asociaciones patronales.  A finales de agosto de 1933 la CEDA concentra en Madrid a 10.000 agricultores de Castilla la Nueva en contra de los Jurados mixtos para abolir la negociación colectiva de los trabajadores.

A pesar de la incapacidad de las organizaciones obreras con influencia de masas entre la clase trabajadora –PSOE, UGT y CNT- para responder con una intervención táctica y estratégica a la altura del movimiento revolucionario llevado a cabo por los trabajadores tanto en huelgas, manifestaciones e insurrecciones armadas, la represión del Estado republicano durante 1935 no impide que su conciencia de clase, lucha y organización vuelvan a manifestarse con un nivel más alto aún en 1936. La victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936 da lugar a un Gobierno liberal donde los partidos obreros son mero apoyo parlamentario para intentar de nuevo las misma reformas de 1931 más la amnistía de los presos de octubre de 1934. Sin embargo, la lucha de clases se desplaza
del Parlamento a las calles, fábricas y tierras, donde el movimiento obrero va por delante del Gobierno y sus propios partidos. De febrero a marzo de 1936 los trabajadores obligan a los patronos a readmitir a los presos de Octubre y sindicalistas represaliados, así como pagar las jornadas perdidas. En marzo la huelga de 40.000 metalúrgicos en Barcelona obliga a la patronal a bajar de 48 a 44 horas la jornada semanal de trabajo. En una huelga de ferroviarios en Madrid los trabajadores consiguen que les paguen los días de huelga. Las ocupaciones de tierras por los jornaleros son una constante en el sur peninsular. El 25 de marzo 60.000 jornaleros ocupan 3.000 fincas privadas previamente seleccionas, lo que significa una confiscación de tierras mayor que toda la Reforma Agraria desde 1932.

El 26 de mayo la Guardia Civil mata a 17 jornaleros que intentan ocupar tierras en Yeste -Albacete-. Desde el 1 de mayo al 18 de julio de 1936 se produce el mayor nivel de huelgas de la historia, abarcando todas las provincias y sectores productivos, con la mayor parte de ellas ganadas a la patronal, tanto de huelgas ofensivas por mejoras salariales como defensivas para evitar despidos. El nivel de conflictividad laboral lleva al Gobierno a censurar en los periódicos obreros la información de las huelgas producidas -remitiéndose en algunos casos a informar de Laudos acordados-. No obstante, el Ministerio de Trabajo admite que en estos dos meses y medio se han producido 192 huelgas en el campo -casi las mismas que todo
1933- y 719 huelgas en la industria -número mayor que cualquier año completo anterior-.

Mientras tanto, Largo Caballero no pasa de las palabras a los hechos y sigue apoyando el Gobierno liberal, aunque no con el entusiasmo del PCE, que se convierte en el verdadero defensor de la democracia burguesa. El 1 de junio de 1936 -mes que se llega al máximo de paro de toda la República con 800.000 desempleados- José Díaz –secretario general del PCE- dice en un mitin en Zaragoza: “No conviene a los intereses del proletariado y de la revolución que se declaren huelgas por cualquier motivo sin antes
meditar bien sobre las posibilidades de resolver los conflictos sin apelar a este procedimiento” (José Díaz, Tres años de lucha 1935-1938, París, Colección Ebro, p. 193).

El estalinismo controla el PCE desde finales de los años veinte, sobre todo desde su IV Congreso en 1932 cuando Moscú destituye la dirección elegida e impone otra. No obstante, esta posición es consecuencia directa del giro derechista del VII Congreso de la Internacional Comunista de 1935, donde se impone la alianza de los Partidos Comunistas con los partidos burgueses liberales -Frente Populares- para hacer frente –supuesta e incorrectamente- al fascismo, dejando a un lado toda propuesta revolucionaria. Este es el motivo por el que mientras la militancia del PCE lucha por la revolución contra el fascismo el verano de 1936, su dirección política lucha contra la revolución para defender la democracia de la República burguesa.

La debilidad política de la oligarquía latifundista y financiera es incapaz de hacer frente al movimiento obrero, pues mientras la CEDA y sus pequeños propietarios de tierras solo está movilizada electoralmente, las organizaciones fascistas de Falange y Renovación española son demasiado pequeñas e impotentes. Su falta de control económico, político y social, abandonando fincas en los latifundios y haciendo una fuga masiva de capitales al extranjero, no tiene más salida que utilizar el último garante de
sus intereses: el Ejército, con objeto de destruir las organizaciones obreras y derribar la República liberal, a la que acusa de no frenar las huelgas y ocupaciones de tierras. El golpe de Estado militar del 18 de julio, que solo cuenta con 10.000 civiles armados -falangistas y requetés-, es incapaz de hacer frente al movimiento obrero en las grandes ciudades y zonas latifundistas, cuyas Milicias armadas y Comités obreros derrotan la
sublevación, colectivizan las industrias, los campos, los transportes y construyen nuevas formas de producción y distribución al margen del sistema capitalista y el Estado republicano.

Las pequeñas organizaciones comunistas que son anti-estalinistas con posiciones revolucionarias, no consiguen tener influencia en el movimiento obrero, altamente organizado y movilizado en sus organizaciones de masas tradicionales, – PSOE, UGT y CNT-, ni significar una alternativa a la ascendente influencia del estalinismo del PCE como representante “oficial” de la Revolución Rusa. Mientras la Izquierda Comunista de Nin rompe con Trotsky en 1933 al no aceptar trabajar como fracción dentro de un PSOE
dividido cuyas Juventudes les reclama entrar para bolchevizar el partido –por lo que el pequeño grupo resultante apenas tiene incidencia en las Alianzas Obreras de Madrid y Asturias-, la unificación del Bloque Obrero y Campesino –escisión antiestalinista del PCE en Cataluña- con el grupo mayoritario de la I.C de Nin, crea el POUM en 1935, cuya influencia se reduce a Cataluña sin una táctica alternativa de la CNT a la que queda supeditado en su intervención política.

La revolución del verano de 1936 a través de la militancia sindical de la UGT y la CNT, organizada espontáneamente y no estructurada políticamente, carece de ninguna orientación táctica y estratégica para unificar la colectivización de la producción en planificación económica, ni en un cuerpo militar centralizado que además de resistir al golpe fascista, oriente una lucha ofensiva buscando el apoyo social en las zonas ocupadas por él. Esta revolución social no se convierte en revolución socialista, al dedicar los partidos obreros mayoritarios –PSOE y PCE- todos sus esfuerzos en apoyar el debilitado y prácticamente inexistente Gobierno liberal del Frente Popular, rescatando políticamente a la República burguesa entrando ambos partidos en el nuevo Gobierno el 4 de septiembre y desmantelando la revolución para orientar la lucha contra el fascismo en una batalla exclusivamente militar.

A pesar del mantenimiento parcial de los Comités obreros y las Milicias armadas en aquellos lugares donde la socialdemocracia y el estalinismo tienen menos fuerza que el anarcosindicalismo, como es el caso de Cataluña hasta mayo de 1937, donde la represión del Estado dirigido por el estalinismo acaba con ellos, ilegaliza el POUM y somete a la CNT, el final de la revolución social deja en bandeja la derrota republicana en la Guerra civil, al depender exclusivamente del apoyo militar que reciban ambos desde el exterior. Mientras el bando franquista cuenta el apoyo de Alemania e Italia en hombres y armamento desde julio de 1936 con envíos semanales hasta el final de la guerra, las potencias democráticas del capitalismo -EE.UU., Gran Bretaña y Francia- tienen más miedo a la revolución social que al fascismo por lo que no intervienen ni envían apoyo militar alguno. La URSS, que también rechaza la revolución desde dentro a través del PCE, busca el acuerdo externo de las potencias capitalistas en su estrategia frentepopulista, aunque se ve obligado a mostrar una ayuda más formal que real, creando las Brigadas Internacionales para exclusivamente “luchar contra el fascismo” pero en modo alguno “hacer la revolución”. De la misma forma opera militarmente, con ayudas cobradas y parciales de material bélico entre octubre de 1936 y el verano de 1937, lo que en ningún caso significó avance alguno en la guerra contra Franco.

La mayor revolución obrera del siglo XX en Europa después de la Revolución rusa, protagonizada por la clase trabajadora del Estado español el verano de 1936 -como culminación del proceso revolucionario abierto desde la llegada de la Segunda República en 1931-, se encuentra con la mayor incapacidad política desde la dirección de sus organizaciones de clase. El análisis de su derrota es una enseñanza para el presente y el futuro.

11 de abril de 202

«La cuestión de Marruecos y la República española», de Abel Paz (Jesús de Blas Ortega, 2005)

Este libro de Abel Paz (seudónimo de Diego Camacho Escámez) fue editado por la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo en 2000.

La dona i la revolució (Antònia Adroher, 2007)

Antònia Adroher, mestra, regidora d’Educació i Cultura a l’Ajuntament de Girona de l’octubre de 1936 al març de 1937, i militant del POUM (Partit Obrer d’Unificació Marxista), detalla en aquest article la contribució decisiva de la dona en la batalla contra el feixisme i la seva pròpia lluita per la independència i la llibertat.

Memoria d´un Febrer del 36: un cartell i una traveta (Víctor Alba, 2003)

Avui. 24/02/2003.
Feia gairebé un mes que havia arribat als vint anys. Em faltava poc per acabar la carrera -dret-, treballava de redactor a Última Hora, diari de la tarda, i militava a les joventuts del POUM, format poc abans en unir-se el Bloc Obrer i Camperol dirigit per Joaquim Maurín i l’Esquerra Comunista d’Andreu Nin.

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