Categoría: Republica Española

 

Intervención en el acto organizado por la Fundación Andreu Nin en el Ateneo de Madrid en conmemoración del cincuentenario de la muerte de Joaquín Maurín, el 13 de noviembre de 2023. Agustín Santos es diputado por SUMAR y miembro de la Fundación Andreu Nin.

Joaquín Maurín fue elegido diputado en las elecciones del 16 de febrero de 1936. Participó en ellas a través del Front d’Esquerres de Catalunya (FdEC), una coalición cuya principal fuerza era ERC, tres grupos surgidos de ella y tres organizaciones que se reclamaban del marxismo: el POUM -del que Maurín era el principal dirigente-, el PCP y el PCC, que poco después participarían en la creación del PSUC. Entre los elementos centrales de su programa figuraban la amnistía para los represaliados de Octubre de 1934, la recuperación de la Generalitat y el restablecimiento del Estatut de Nuria. El FdEC, como el de Valencia, se organizaron en solidaridad con la coalición en el resto de España que se acabaría conociendo como el Frente Popular.

Como es conocido la formación de esta coalición, con sus diferencias territoriales, entre republicanos, socialistas y las izquierdas comunistas, no fue fácil. Azaña, la principal figura del republicanismo, encarcelado tras las Jornadas de Octubre de 1934, se había negado en un principio a integrar, en lo que él calificaba como la “Coalición Republicana”, a otra fuerza a su izquierda que no fuera el PSOE. Tres ministros socialistas habían participado ya en los gobiernos republicanos de 1931 a 1933. El mediador clave para esa participación había sido Indalecio Prieto que, después de Octubre de 1934 se exiliaría en París.

Pero Largo Caballero -presidente del PSOE, secretario general de la UGT, y dirigente de la corriente de Izquierda Socialista- era abiertamente reticente a la estrategia del republicanismo. Para Azaña, las elecciones de 1936 deberían abrir paso a gobiernos republicanos, apoyados parlamentariamente por el PSOE, cuyo objetivo fuera recuperar la legislación reformista del primer bienio (reforma agraria, autonomía regional, cuestión religiosa en sus aspectos más moderados) y mantener los aspectos menos impopulares del bienio negro conservador.

Su objetivo era recuperar al electorado de centro republicano, evitando un agravamiento de la polarización que, desde las elecciones de noviembre de 1933, se había ido agudizando bajo el gobierno radical de Lerroux. Este gobierno había contado con el apoyo parlamentario de la derecha monárquica, reagrupada en la CEDA de Jose Maria Gil Robles y en Renovación Española de José Calvo Sotelo. las Jornadas anarquistas de diciembre de 1933; la entrada en el gobierno de la CEDA en octubre de 1934; y las jornadas de Octubre de 1934, como movimiento defensivo de las izquierdas y nacionalistas catalanes habían retro-alimentado esa polarización. La CEDA había sido la fuerza central de la Unión de la Derecha y Agrarios en las elecciones de noviembre de 1933, monárquicos que aspiraban a un “estado corporativista” a imagen de Salazar en Portugal o Mussolini en Italia, con marchas uniformadas en El Escorial o Covadonga. Otro militante de la Izquierda Comunista de Andreu Nin, Grandizo Munis, nos ha dejado un relato y análisis de este período en su libro, poco conocido, pero archivado en internet, Jalones de derrotas, promesas de victoria.

Largo Caballero dimitió de la presidencia del PSOE en diciembre de 1935, después de quedar en minoría su posición de rechazo de la estrategia del republicanismo. Su análisis del bienio negro, del ascenso de la extrema derecha corporativista y fascista y las debilidades del apoyo del republicanismo a las Jornadas de Octubre de 1934 era muy diferente del de Azaña: la burguesía republicana no era capaz de impulsar la revolución democrática implícita en la proclamación de la II República; ese papel solo podía corresponder ya a las clases trabajadoras. Era imprescindible reforzar ese polo político y social trabajador pasando por una fase intermedia de una coalición electoral en febrero de 1936, lo que le permitía enlazar, modificándola, con la línea de Indalecio Prieto. Así, contra la opinión inicial de Azaña, acabaron participando en la Coalición Republicana las fuerzas comunistas, sumidas en un intenso balance de las lecciones de  Octubre de 1934, sobre la unidad de las izquierdas marxistas, y un programa de movilización de reforma agraria, mejoras salariales, nacionalización de la banca y reforma del aparato de estado heredado de la Primera Restauración.

El republicanismo y Azaña aceptaron finalmente, bajo la presión de Largo Caballero, la ampliación de la coalición a las izquierdas, lo que permitió la elección en Catalunya de Joaquín Maurín, pero no así el programa de las izquierdas. Basta consultar el programa de lo que se acabaría llamando el Frente Popular para comprobarlo: a cada aspiración de las izquierdas, las fuerzas republicanas objetaban, posponiendo su aplicación indefinidamente.

El discurso de Maurín en el Congreso

 Joaquín Maurín pronunció cuatro discursos en el Congreso de los Diputados. El tercero de ellos el 16 de junio de 1936,  resume en buena medida las preocupaciones de sus dos anteriores (*). Un mes más tarde, desplazado a Galicia para el congreso regional del POUM, Maurín fue detenido por los sublevados en su intento de llegar al sector republicano y no pudo participar políticamente en la resistencia de la Segunda República frente a los sublevados.

Pero su discurso fue ejemplo de ese “análisis concreto de la situación concreta” que nos sitúa en la coyuntura de la primavera y el verano de 1936 y que ilumina y nos advierte sobre la situación que vivimos actualmente desde las elecciones del 23 de julio de 2023. Sus cuatro discursos parlamentarios pueden consultarse en el libro de Victor Alba, La Revolución española en la práctica (ed. Jucar 1977). El discurso al que me refiero puede consultarse en la web de la Fundación Andreu Nin, con el título El peligro fascista.

1- El punto de partida del discurso de Maurín es su denuncia de la contradicción que existía en el seno de los gobiernos republicanos tras las elecciones del 16 de febrero: el Gobierno Azaña y el Gobierno Casares Quiroga. El techo de cristal programático impuesto por el republicanismo, en su búsqueda de un centro republicano que desaparecía erosionado por la polarización política y social y el ascenso del fascismo, estaba creando una fuerte desmovilización de las clases trabajadoras y populares. Si en el primer bienio republicano habían participado tres ministros del PSOE para impulsar el programa social, ahora no había fuerzas de izquierdas presentes en el gobierno ni garantía institucional de la aplicación de un programa progresista, que había quedado marginado y con él el propio triunfo electoral del 16 de febrero. Esta situación, como sabemos, no cambiaría tampoco con el gobierno Giral y solo se formó un gobierno de izquierdas, esta vez con Largo Caballero como presidente, después del 18 de julio y la sublevación militar.

2- El segundo aspecto que abordaba eran las dos cuestiones democráticas más urgentes. Los gobiernos republicanos seguían manteniendo la suspensión de garantías constitucionales, una práctica mantenida desde la crisis de la Primera Restauración. ¿Cómo extender así la democracia, incluida la libertad de prensa, y permitir la organización de las clases populares? La segunda era la defensa de la Amnistía de los presos y represaliados de las jornadas de Octubre de 1934. Algo especialmente irritante tras el precedente de la ley de amnistía de la CEDA de abril de 1934, que había puesto en libertad a los participantes de la “Sanjurjada” de 1932. Los presos de Octubre del 34 habían sido puestos en libertad por las manifestaciones populares, pero el Congreso no había aun aprobado una ley específica ni el gobierno readmitido a los funcionarios y militares represaliados en Octubre de 1934.

3- El tercer eje fue la necesidad de la reforma de la administración de la Justicia, la disolución de los tribunales de urgencia del bienio negro y la restauración del jurado popular, que permitiese la presencia directa de los sujetos de la soberanía popular en una administración de la Justicia en la que el origen social y las opciones políticas de los jueces hacían que actuasen mayoritariamente a favor de las derechas y las extremas derechas.

4- La parálisis y contención institucional del programa progresista estaba provocando no solo una falta de representatividad de facto del Congreso en relación con los votantes del Frente Popular, sino que alentaba los movimientos huelguísticos y sociales: por la semana de 40 horas, un salario mínimo, servicios de empleo para los parados, tierras para los campesino jornaleros. La inestabilidad social, sin respuesta política de las fuerzas republicanas y de izquierdas creaban el clima de profundo desengaño que alimentaba el descontento contrarrevolucionario y fascista.

5- Para hacer frente al fascismo, no bastaban medidas coercitivas, hacía falta medidas políticas, empezando por la resolución progresiva de la contradicción interna del Frente Popular entre la parálisis del republicanismo, a la búsqueda del centro menguante en plena polarización histórica, y la alternativa progresista de las fuerzas de izquierda. Dar paso a un gobierno capaz de aplicar el programa de la Revolución Democrática, cuyas tareas Maurín había definido ya en 1935 en su obra Hacia la Segunda Revolución Española (recién reeditada por Andy Durgan para la Fundación Andreu Nin, que en los años 1960 había puesto de nuevo en circulación, clandestina, la inolvidable editorial Ruedo Ibérico de Paris con el título Revolución y contrarrevolución en España. Es decir, una revolución democrática progresista que asegurase la libertad republicana garantizando las condiciones básicas de existencia de los ciudadanos: la nacionalización de las tierras, los ferrocarriles, la gran industria, las minas, la banca…

Maurín hoy como inspiración

 Desde las elecciones del 23 de julio, especialmente tras el fracaso de la moción de investidura de Feijoo, estamos viviendo un proceso de polarización y de movilización de la derecha y de la extrema derecha sin precedentes. Su primer objetivo ha sido impedir la formación de una coalición parlamentaria mayoritaria alternativa que apoye un nuevo gobierno progresista. Pero el jueves se votará la moción investidura de Pedro Sánchez con 179 votos, y este será el primer fracaso de esas movilizaciones.

Pero continuarán, con las mismas estrategias de deslegitimación de las derechas de 1931, 1933, 1936, 2004, 2019. Es asombroso la continuidad de una narrativa basada en una concepción de nación esencialista, centralista, anti-progresista y anti-democrática. Una concepción de nación que deja fuera de ella a todo aquello que cuestiona los intereses de las clases dominantes. En este caso, la herencia del giro anti-neoliberal durante la crisis del Covid del primer gobierno de coalición progresista que, a pesar de todas sus limitaciones y, con la ayuda de los fondos de residencia y reconstrucción europeos, han permitido abrir un nuevo horizonte.

Ese nuevo horizonte, como el programa de la revolución democrática de Maurín, se apoya en dos ejes: un nuevo pacto territorial y nacional que rearticule el estado (y para ello es necesario superar la crisis constitucional en Cataluña iniciada por el recurso al Estatut del PP, la aplicación del artículo 155 al Process, con la judicialización del independentismo); y un nuevo pacto social que, tras las consecuencias de la gran recesión de 2007-2008, la crisis del covid y la crisis de la inflación, garantice las condiciones materiales que permiten el ejercicio de la ciudadanía y de la democracia.

En un marco de ajuste fiscal europeo, la aspiración social del nuevo gobierno es asegurar que se continua un proceso de redistribución, reforma del estado de bienestar para superar las políticas condicionadas para pobres, de aumento del SMI, reducción de las horas de trabajo, reforzamiento de nuestra sanidad, educación y apoyo a la dependencia, garantizar el acceso a la vivienda. Es decir, la satisfacción de los derechos básicos de ciudadanía. Será clave para ello la reforma fiscal progresista, en especial asegurando una base del 15% sobre los beneficios, como defiende Naciones Unidas, y la negociación de los presupuestos de 2024 y 2025.

Bloquear esta acción de gobierno, paralizar la administración del estado, monopolizar para sus intereses a la justicia, es lo que busca como segunda opción la movilización de la derecha y la extrema derecha. Lo acaba de explicar hoy un portavoz del PP: meter a Pedro Sánchez en un maletero y sacarlo de España. Una forma expeditiva de acabar con el “sanchismo”.

Maurín lo explico bien en el momento que le tocó vivir. Este tipo de movilizaciones institucionales y extraparlamentarias de las derechas extremas y de la extrema derecha exigen:

1- Una acción de gobierno que vaya a la raíz de los problemas, a los límites estructurales que hoy impiden los cambios necesarios para situarnos al nivel de los países europeos y democráticos más avanzados, y que resuelva esas contradicciones a favor de los intereses mayoritarios, que son los de las clases trabajadoras y populares.

2- Una acción parlamentaria que sostenga legislativamente el mandato recibido en las elecciones, que gane legitimidad con su capacidad de debate y de convencer, que refleje la soberanía popular y extienda la democracia a todos los aspectos de la administración del estado, de la vida económica y la sociedad civil. Que avance en la definición de la Agenda 2030 y su aplicación, sin dejar a nadie atrás.

3- Una acción ciudadana capaz de convencer y desarrollar la hegemonía necesaria para defender un modelo de país progresista y que recupere las calles para la convivencia democrática.

Esa es la tarea que nos corresponde, cuando celebramos el cincuenta aniversario de la muerte en el exilio de quién fue uno de los pensadores y dirigentes históricos más importantes de la izquierda española.

Madrid, 13 de noviembre 2023

(*) Mi agradecimiento a Juan Manuel Vera y a Paco Carvajal, compañeros de la FAN, por su corrección de algunos errores iniciales de este texto.