Texto fechado el 22 de octubre de 1988. Fue incluido en el folleto El proceso de 1938 contra el POUM (Barcelona no fue Moscú), editado por la Fundación Andreu Nin.
La prensa de Moscú nos hace ahora, casi a diario, revelaciones impresionantes sobre los años terribles del fascismo y del estalinismo: 1936-1938. A través de ellas, millones de personas se enteran de hechos tremendos que habían sido silenciados, deformados o travestidos por perfidia o por cálculo político. Por ejemplo, los procesos de Moscú, que condujeron al deshonor y a la muerte a las figuras más representativas de la vieja guardia bolchevique: Zinoviev, Kamenev, Smirnov, Piatakov, Bujarin, Rikov, etc.
Nadie ignora ya que esos hechos tuvieron graves repercusiones en otros países y, especialmente, en España, que vivía entonces un proceso revolucionario y una Guerra Civil. Pues bien, hace cincuenta años, en octubre de 1938, en las postrimerías de la sangrienta batalla del Ebro y poco después de la capitulación de Munich ante Hitler, se trató de montar en Barcelona un proceso de Moscú: el proceso contra el POUM.
Este proceso tenía que ser algo así como la culminación de la operación iniciada el 16 de junio de 1937 con el secuestro y el asesinato de Andreu Nin, la detención de la mayor parte de los dirigentes del POUM y la represión generalizada contra este partido, sus organizaciones y sus fuerzas militares. El objetivo fundamental era demostrar ante el mundo que en España, como en la URSS, había «trotskistas traidores» y estos eran «desenmascarados» y eliminados. Barcelona tenía que justificar, con un proceso espectacular, la política de represión que Stalin practicaba en Moscú.
Pero Barcelona no era Moscú. Mientras en la URSS se entraba en una fase de desfiguración de la revolución de Octubre, en España los obreros y campesinos habían tomado las armas contra el fascismo —los únicos en Europa, lo cual constituye su gloria imperecedera— y se proponían transformar la sociedad española y establecer un régimen socialista. Todo esto estaba en contradicción flagrante con la política de Stalin, como reconocen ahora numerosos historiadores soviéticos.
Andreu Nin fue la primera víctima porque había pasado cerca de diez años en Moscú ocupando funciones importantes en la Internacional Sindical Roja y había sido colaborador de Zinoviev y de Trotsky. Secuestrado en Barcelona y trasladado luego a Valencia y Alcalá de Henares, fue sometido a horribles interrogatorios. Sus torturadores, polizontes de la GPU rusa, querían obtener de él una confesión como las que habían arrancado en agosto de 1936 a Zinoviev y Kamenev y trataron de arrancar en marzo de 1938 a Bujarin y Rikov. Pero Nin no confesó y defendió hasta el fin su honor revolucionario, el de sus camaradas del POUM y sus amigos de Moscú.
La resistencia de Nin —que, por cierto, se produjo en los días en que el mariscal Mijail Tujachevsky y el Estado Mayor del Ejército Rojo eran ejecutados «por traición», en Moscú— desbarató los planes de los organizadores de la represión contra el POUM. Nin se les murió en las manos. Y sin Nin, el proceso ya no podía desarrollarse como ellos esperaban. En tales circunstancias, su utilidad resultaba muy relativa y pensaron en aplazarlo.
Sin embargo, finalmente el proceso contra el POUM se inició en Barcelona el 11 de octubre de 1938 ante nada menos que un llamado Tribunal Central Especial de Espionaje y Alta Traición, que en principio se había creado para perseguir a los elementos fascistas. Los acusados, fortalecidos por la resistencia y el sacrificio de Nin, sostenidos por su partido, que se vio obligado a defenderlos en la clandestinidad, y una gran campaña internacional, seguros de lo que podía representar su actitud en la historia, comparecieron ante el tribunal durante once días y se convirtieron desde el primer momento en acusadores. Comenzaron por evocar la memoria de Nin colocando una fotografía suya y un ramo de flores en el banquillo de los acusados, que nadie se atrevió a retirar. Quizás porque frente al tribunal apareció su mujer, Olga Tareeva, militante bolchevique en Moscú y fiel colaboradora de Nin en las tareas políticas y literarias.
Los principales acusados, Juan Andrade, Pedro Bonet, Julián Gorkin, Jordi Arquer, Enrique Adroher, David Rey y José Escuder se impusieron como tarea deshacer y liquidar toda la trama de infamias y de acusaciones ridículas tejida penosamente por el fiscal estalinista. El abogado que asumió la defensa, Vicente Rodríguez Revilla, un socialista madrileño inteligente y valiente, conocía a los magistrados del tribunal y sugirió a los procesados que fueran claros y precisos y no se dejaran llevar por los nervios. Según él, los magistrados eran hombres honestos y no cederían ante las furiosas presiones de la prensa estalinista (Treball, Las Noticias, Ahora, Frente Rojo, Mundo Obrero, etc.), que pedía tranquilamente la pena de muerte para los procesados y había aterrorizado a abogados como Benito Pavón y otros gritando que «no se podía ser abogado del pueblo y defender a sus enemigos». Por cierto que esta prensa desempeñó el mismo papel que la prensa de Moscú asegurando la preparación psicológica de la opinión pública, como dijo hace unos meses Literaturnaia Gazeta, órgano de la Unión de Escritores de la URSS, refiriéndose a lo sucedido en la prensa rusa durante los procesos de Moscú.
Los dirigentes del PCE y del PSUC no tuvieron el coraje de presentarse ante el tribunal para justificar las acusaciones y las calumnias que propagaban en su prensa y en sus discursos y declaraciones. Confiaron la sucia tarea a hombres de dudoso prestigio y de escaso valor moral, como el gobernador civil Mantecón, el ex-comisario político del frente del Este Virgilio Llanos, el coronel Cordón, que debían sus carreras a su docilidad. Para impresionar al tribunal, todos ellos comparecieron con sus uniformes y sus relucientes condecoraciones. Fue un momento penoso porque tuvieron la osadía de llegar a decir que los hombres de la 29ª División, mandada por Josep Rovira y encuadrada por militantes del POUM, «fraternizaban con los franquistas» en lugar de combatir. Recuerdo que la noche de ese día, celebramos una reunión de todos los que estábamos encarcelados en la Prisión del Estado (antiguo convento de Deu i Mata), desde donde decidimos enviar una carta a Manuel Azaña, a Lluís Companys y a los comités nacionales de los partidos y centrales sindicales para denunciar esa «intervención militar» increíble e infecta y llamarles a la defensa del honor de la República y de la revolución. Andrade redactó y nos leyó una carta emocionante que todos aprobamos en silencio en un momento de intensa emoción.
Por fortuna, al día siguiente comparecieron ante el tribunal personas de otra calidad: Francisco Largo Caballero, Luis Araquistain, Julián Zugazagoitia, Manuel de lrujo, Federica Montseny. Todos rechazaron las acusaciones del fiscal y hasta juzgaron el proceso fuera de lugar. Largo Caballero, entonces apartado y sometido a una especie de libertad vigilada, fue más categórico y desafió al fiscal diciendo que los procesados eran «intransigentes en sus ideas y que luchan por ello (1) «. Federica Montseny fue muy precisa en otro punto importante relativo a los hechos de mayo de 1937: «tengo la convicción de que ni el POUM, ni la CNT, ni la FAI, intervinieron en la provocación de los sucesos»(2), y negó que el POUM hubiera preparado esos sucesos, como pretendía la acusación.
La tarea del abogado de la defensa fue relativamente fácil. Las declaraciones finales de los acusados impresionaron fuertemente a los magistrados. El 29 de octubre, el Tribunal Central Especial de Espionaje y Alta Traición, falló rechazando todas las acusaciones de espionaje, declarando que los procesados eran veteranos militantes antifascistas (3) y que el POUM había luchado contra el fascismo desde el primer día (4), que no había espiado ni tenía relación con ningún servicio policiaco o militar de ningún país extranjero (5) y que no tomó la iniciativa durante las jornadas de mayo (6). Tras tales consideraciones, sólo cabía la absolución, pero el tribunal resistió las presiones estalinistas y al mismo tiempo hizo una concesión al poder, condenando por un delito de rebelión a once años de cárcel a Jordi Arquer y a quince años a los otros procesados (7), entre otras cosas por la persistencia del POUM en su línea revolucionaria, con el «propósito de superar la República democrática e instaurar sus propias concepciones sociales (8)», es decir, un poder de los obreros y campesinos, y por haber participado y reivindicado las jornadas de mayo de 1937. El compromiso del tribunal quedó evidenciado por estas palabras de Ramón González Peña, ministro de Justicia: «De ponerlos en libertad, hubieran sido asesinados en la calle por la GPU».
Unos días después, el valeroso abogado Rodríguez Revilla se presentó en la Prisión del Estado muy contento y nos dijo, más o menos, lo siguiente: «He hablado con los miembros del tribunal, con el Presidente del Tribunal Supremo, con el Ministro de Justicia: se declaran todos favorables al indulto. El POUM continuará disuelto (…). El propio Negrín parece dispuesto a dar facilidades». Rodríguez Revilla llevaba la petición de indulto. Pero los dirigentes del POUM le respondieron: «Jamás pediremos el indulto a un gobierno que nos ha hecho condenar para dar una satisfacción a Stalin». Mas hay que decirlo todo: mientras se desarrollaba esta gestión del gobierno por intermedio del abogado Rodrígez Revilla, Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña, desposeído de una parte importante de sus poderes por Negrín y Comorera, Carles Pi y Sunyer, alcalde de Barcelona [de ERC], y seis ex-ministros de la República reclamaban la libertad inmediata de los presos del POUM y la revisión del proceso.
El Partido Comunista tuvo la osadía de publicar un folleto con el acta de acusación del fiscal estalinista, llena de mentiras y de infamias. Ahora bien, se las arregló para que la censura prohibiera la publicación en la prensa de la sentencia del tribunal, que pasó a ser un documento subversivo. A decir verdad, sólo los anarcosindicalistas y la prensa de la CNT, y algunos periódicos influidos por la tendencia de Largo Caballero se atrevieron a condenar el proceso contra el POUM y a defender a las víctimas de la represión. Los estalinistas persistieron en su campaña de calumnias e incluso trataron de organizar un segundo proceso contra los miembros del segundo comité ejecutivo del POUM, que fuimos detenidos en abril de 1938, tras un nuevo golpe contra nuestro movimiento clandestino. Pero ya era demasiado tarde. Las tropas de Franco se acercaban a Barcelona.
De todas formas, Barcelona no fue Moscú. Y cincuenta años después merece la pena recordarlo y rendir homenaje a todos los que hicieron posible que la resistencia al estalinismo obtuviera en España mejores resultados que en la URSS. En esta época de grandes rehabilitaciones, el primer homenaje debe ser para Andreu Nin y hay que esperar que podamos renovarlo pronto en Moscú.
Notas
(1) El proceso del POUM (junio de 1937-octubre de 1938), Barcelona, Editorial Lerna, 1989, p. 394.
(2) El proceso del POUM, o.c., p. 415.
(3) En el primer resultando de la sentencia se señala respecto a los acusados que «se desprende de lo actuado que todos ellos tienen una marcada significación antifascista» (El proceso del POUM, o.c., p. 485).
(4) En el primer resultando de la sentencia nº 54, de 29 de octubre de 1938, se dice textualmente: «El Partido Obrero de Unificación Marxista, agrupación política legalmente constituida, que aspira a la instauración de un régimen de economía socialista y de dictadura proletaria en sus comienzos, mediante el desarrollo de las teorías revolucionarias que le son propias y que le mantienen alejado de las diversas uniones internacionales, fue uno de los que, desde los primeros instantes de la sublevación, luchó contra los rebeldes al lado de los demás elementos antifascistas» (El proceso del POUM, o.c., p. 481).
(5) En el primer resultando de la sentencia se señala que «De lo actuado no se desprende como probado que los acusados facilitaran a los elementos facciosos noticias de ninguna clase referentes a la situación de los frentes de batalla u organización de la retaguardia, que hayan mantenido relaciones directas o indirectas con ellos ni con organismos policiacos ni militares de los países invasores, que estuvieran en contacto y ayudaran a grupos u organizaciones falangistas del país, o de otra clase, que prestan apoyo a los combatientes rebeldes, ni que hayan recibido para la propaganda política de su partido ayuda económica de los enemigos del Estado» (El proceso del POUM, o.c., p. 485). El tercer considerando de la sentencia niega la existencia de actos de espionaje indicando que de los hechos probados «ni se trata de actividades realizadas con carácter secreto o reservado, ni existe auxilio de ninguna clase a organizaciones o grupos sociales sometidos a la influencia de Estados extranjeros que favorecen la guerra contra el gobierno legítimo, ni con el propósito de secundar designios de nacionales o extranjeros en armas contra la República se realizaron los actos objeto de sanción» (El proceso del POUM, o.c., pp. 486-487).
(6) El cuarto considerando de la sentencia afirma que «los hechos violentos ocurridos en Barcelona fueron en su principio un movimiento espontáneo de núcleos para impedir que la autoridad legítima llevase a efecto sus determinaciones sobre incautación de la Telefónica…» (El proceso del POUM, o.c., p. 487).
(7) Los condenados a quince años de cárcel fueron Julián Gómez García (Julián Gorkin), Juan Andrade Rodríguez, Enrique Adroher Pascual y Pedro Bonet Cuito. Fueron absueltos José Escuder Poves y Daniel Rebull Cabré. También se acordó en la sentencia la disolución del POUM y de la JCI.
(8) El proceso del POUM, o.c., p. 485.