Por la revisión del proceso del POUM o la amnistía inmediata (1938)


El proceso contra el Comité Ejecutivo del POUM ha tenido una extraordinaria resonancia en España y en el extranjero. El gobierno de la República  conoce, sin duda alguna, todos los detalles. Por eso mismo, no creemos que sea necesario recordar  aquí toda la historia. Nos bastará con recordar que, acusados de haber cometido los delitos más monstruosos de espionaje y de alta traición, Juan Andrade Rodríguez, Julián Gómez Gorkin, Pedro Bonet Cuito, Enrique Adroher Pascual y Jordi Arquer Saltó, comparecieron ante el tribunal de excepción encargado de instruir este tipo de delitos. Los cuatro primeros acusados fueron condenados a 15 años de prisión y el último a 11 años de la misma pena.

En la sentencia  se reconoce la calidad de antifascistas reconocidos  de los condenados, del mismo modo que su contante participación en la dura batalla que el pueblo español mantiene contra el fascismo. Se reconoce igualmente  que no fueron ellos los que organizaron ni provocaron los acontecimientos de Mayo de 1937. La acusación consiste solamente en el hecho  de que ellos quisieron aprovechar estos acontecimientos para implantar en Cataluña un régimen en consonancia con las ideas socialistas que figuran en el programa de su partido. Esta responsabilidad subsidiaria, si es que elle existe, hace que la sentencia resulte más injusta, puesto que no ha habido otros procesos y otros acusados por dichos acontecimientos.

Los que suscriben no pueden aprobar con plena conciencia esta sentencia, incluso si es una sentencia sin recurso posible, ya que ésta contiene, entre otras, una grave falta jurídica: el hecho de que el Tribunal central de espionaje se atribuye toda competencia por un caso de rebelión (así es como se califica el delito en la sentencia), contraviniendo las disposiciones legales en vigor, que reservan los juicios de ese tipo de delitos a los tribunales populares de Justicia (D.D. del 7 de Mayo de 1937 y del 25 de Marzo de 1938).

Pero además de la razón citada, de orden jurídico, tenemos otras razones de orden político. Los condenados, todos ellos viejos militantes del movimiento obrero, tomaron una parte activa en las luchas de 1930 y de Abril de 1931 que condujeron a la República   y en las luchas  de Octubre de 1934 y de Febrero de 1936 y Julio del mismo año, que impidieron a la reacción fascista  instalarse en el poder. Para las masas populares, estos hombres aparecen como condenados por sus ideas revolucionarias de siempre, como  víctimas de una persecución política.

En el extranjero – y el gobierno de la República lo sabe mejor que nosotros-, la emoción ha sido enorme a propósito de este asunto. Y esa emoción será todavía mayor cuando se conozca la sentencia. Se habla ya de organizar un contraproceso en París, con el concurso de abogados franceses, ingleses y norteamericanos conocidos. ¿Es que la causa de la España
republicana puede beneficiarse de esto sobre todo en  estos momentos?. Evidentemente, no.

Un sentimiento de solidaridad antifascista hacia los condenados y la convicción de que así servimos al interés general de la causa por la que el proletariado español lucha tan valientemente nos conduce a pedir al gobierno que permita la revisión por las vías legales  de este proceso y la reparación de los errores que, desde nuestro punto de vista  contiene la sentencia dictada.

Por encima de todo deseamos que estos viejos militantes antifascistas, que en España y en el extranjero  gozan de una cierta simpatía, no tengan que consumir estérilmente su energía en las prisiones cuando el esfuerzo de todos  es necesario para vencer al enemigo y salvaguardar los derechos del heroico pueblo español.

Por consiguiente, solicitamos del Consejo de ministros la revisión del proceso y que se abra una nueva instrucción  del proceso de los condenados a esta o sentencia o, a falta de semejante decisión, en espera de esta nueva revisión, solicitamos una amnistía inmediata.

                                                       Barcelona, 5 de noviembre de 1938
 

Francisco Largo Caballero, ex-Presidente  del gobierno y dirigente socialista
Federica Montseny, dirigente de la CNT y ex-ministro de Sanidad.
Luis Araquistáin, dirigente socialista y ex-embajador en París.
Rodolfo Llopis, dirigente socialista y ex-ministro.
Josep Tarradellas, jefe del gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Juan Peiró, dirigente de la  CNT y ex-ministro.
Lluis Nicolau D’Olwer, presidente de Acción Catalana Republicana, gobernador del Banco de España.
Jaume Miravitlles, comisario de Propaganda  de la Generalitat de Cataluña.
Manuel de Irujo, ex-ministro de Justicia y dirigente del Partido Nacionalista vasco.
Carlos Hernández Zancajo, dirigente del Partido Socialista y de la UGT.
Carles Pi i Sunyer, alcalde de Barcelona.
Lluis Companys, Presidente de la Generalitat de Cataluña.

Día publicada: septiembre 30, 2019
Escrito por: POUM
Categoría: POUM
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