José Luis Mateos forma parte de la Fundación Andreu Nin y es miembro de la CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina). Los textos comprenden el período 2011-2018.
EL NUEVO GOBIERNO: MEMORIA E IMPUNIDAD (UNA REFLEXIÓN)
Septiembre 2018
Aunque sobre decirlo, es obvio que una mayoría de ciudadanos celebramos la caída del PP y del Gobierno Rajoy, independientemente de la orientación que pueda seguir el nuevo gobierno.
¿Pero qué está en el origen de este cambio? ¿Crisis de gobierno o crisis de régimen? Rajoy no ha caído por una simple crisis de gobierno. Si así fuese habríamos vivido un conflicto intra-gubernamental, lo que no es el caso (no había otra alternativa en la derecha española y menos en el seno del PP), pero tampoco se puede afirmar que la oposición social y política haya derrocado al PP, a través de la movilización y el protagonismo social (descendente desde 2015, esa “ventana de oportunidad” que se cierra para impedir la ventilación). Sin grandes dosis de error se podría afirmar que no le han echado los suyos pero tampoco nosotros. ¿Entonces?
La podredumbre ha sido un abrasivo para el régimen y los efectos de la pasada movilización social contra los recortes, han terminado por estremecer algo que va más allá del gobierno del Estado: El régimen de la Reforma. Esa crisis de régimen con el beneplácito de las élites, ha puesto fin al gobierno Rajoy y aupado a Sánchez. Sus condicionamientos no derivan del apoyo de la izquierda radical ni del nacionalismo catalán y vasco sino de las tareas necesarias para adecentar, mínimamente, un régimen a la deriva.
Por otra parte, el nuevo gobierno no llega aupado por la movilización social de los grupos que han padecido las políticas del PP, lo que no deja de tener un significado trágico para las aspiraciones de esos mismos grupos (derogación de la reforma laboral y de la ley mordaza). El propio nuevo gobierno se encarga de limitar o regatear los compromisos contraídos con la ciudadanía. Y si el gobierno esquiva su función de representar a esa “mayoría social”, no le quedará más salida que entregarse a la minoría dominante, eso que denominamos oligarquía.
Es por ello que las funciones del nuevo gobierno hay que situarlas en todo aquello que sea necesario para aliviar al régimen de sus pesadas contradicciones. De un lado las exigencias de una “mayoría social” no construida; de otro, su compromiso por adecentar el régimen. El gobierno sabe y conoce que muchas aspiraciones de quienes le sostienen tienen un componente que desborda los contornos del propio régimen.
En esta situación cualquier adelanto electoral no dejaría de representar un inconveniente para las aspiraciones del movimiento memorialista (también para el resto de movimientos sociales). No debemos ni podemos depositar nuestras esperanzas en un incierto desenlace electoral, sino en la capacidad del movimiento para influir en la toma de decisiones políticas. En el peor escenario posible, nos encontraríamos con que el prometedor comienzo del nuevo gobierno, nada podría ofrecer, salvo una inmensa frustración de la izquierda social. En resumen, la recuperación del gobierno por la derecha política sería un desastre, una derrota estructural (por no decir histórica).
Entre la memoria y la impunidad
Por lo que respecta al asunto de la memoria y de la lucha contra la impunidad, hay que reconocer que sus primeras iniciativas parecen prometedoras. Prometedoras y baratas: a) supresión del ducado de Franco, b) expropiación del pazo de Meirás y de otras propiedades robadas, c) acabar con la subvenciones a la Fundación apologeta del dictador, d) retirada de condecoraciones a torturadores y afines, e) adoptar decididas medidas de sanción contra los militares firmantes del Manifiesto en desagravio del dictador y por supuesto, f) exhumación de Franco y del “ausente” del Valle de Cuelgamuros… En fin, en principio ninguna de estas medidas resultan incompatibles con la estabilidad del régimen; en cambio, suscitarán la oposición de grupos, sectores sociales e institucionales que, de forma vergonzante unos y entusiasta otros, protegen la memoria del franquismo (¡¡¡y de la Transición!!!). El bloque reaccionario que se está configurando –y no sin conflictos con su representación política (PP y Cs)- debería ser derrotado en todas sus aspiraciones.
Bienvenida sea la modificación de la Ley de Memoria Histórica –por qué no de Memoria Democrática- y cuantas iniciativas hayan tenido que ver con las “políticas de memoria” desarrolladas por diferentes poderes públicos. Pero el problema no es la memoria, pues ésta debería contribuir a un cierto reequilibrio de las diferentes interpretaciones político-históricas y sin embargo, la propia dinámica del conflicto social transforma la defensa de la memoria en una subversiva lucha contra la impunidad. Con otras palabras: la impunidad no tolera la memoria.
La verdad, la justicia y la reparación son elementos constitutivos de la reivindicación de una memoria negada, lo que implica entrar en conflicto con la memoria dominante. Una memoria dominante compuesta de identidades franquistas adaptadas al espíritu de la Transición (equidistancia, reconciliación, guerra fraticida, heridas supuestamente cerradas, mirar al futuro…). Y este relato tiene su público, además de ocultar e incluso, legitimar la impunidad. Se puede aspirar a la reconciliación y se puede desear la democracia, pero las dos cosas a la vez es imposible. Todo lo anterior resalta el carácter transformador de la reivindicación de la memoria (sin la impunidad el problema de la memoria democrática estaría resuelto). Así, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición sirven a la memoria democrática a la vez que se confrontan a la impunidad (la otra memoria, la dominante).
En fin y en contra de lo previsto, este es un eslabón frágil del régimen de la Reforma. La lucha por la memoria democrática (o memorias) conduce a la lucha contra la impunidad y de paso nos descubre todo aquello que es tolerable o intolerable para el régimen vigente.
Justicia e impunidad
La autonomía e independencia del poder judicial –en el caso español- son poco más que una ficción. Una ficción funcional para el ejercicio del poder político. Sabemos que la Justicia puede limitar los aspectos más lacerantes de las relaciones sociales, contribuir a disminuir los abusos de grupos sociales prominentes e incluso, proteger a las víctimas de delitos aviesos. Pero lo que no puede es practicar la disonancia con los poderes políticos, con las instituciones y en definitiva, con los diferentes grupos sociales (de la naturaleza clasista de la Justicia española existen pruebas abundantes).
La Justicia como toda institución de naturaleza política no puede situarse al margen de las leyes que rigen el conflicto social. Su actuación es y será siempre política. Siempre al servicio de la reproducción social y en especial de la desigualdad (cuando se habla de “inseguridad jurídica” siempre se refiere a los mismos grupos sociales, nunca a la “mayoría social”). Por eso, cualquier esperanza en una actuación autónoma e independiente no deja de ser una ilusión injustificada. De la misma forma que el ejercicio de derechos y libertades no depende, en exclusiva, de las leyes, tampoco puede ser la Justicia la que asegure la erradicación de la desigualdad (ni de la impunidad).
Así es, la impunidad es algo más que un conjunto normativo-jurídico, una estructura para la redistribución social del poder o un laberíntico escenario por el que transcurren las relaciones humanas, colectivas e individuales. Afrontar su rechazo requiere de numerosas iniciativas, múltiples caminos sin que pueda otorgarse validez universal a cualquier estrategia.
La impunidad no tiene, por tanto, una solución estrictamente judicial. Se podría afirmar que la impunidad y la justicia no son asuntos de jueces. Un ejemplo: el juicio a torturadores y criminales franquistas lo realizará la Justicia española, pero no procederá de la actual Justicia española.
Las políticas públicas
Es razonable pensar que los poderes públicos (Estado, CC.AA., Ayuntamientos) deben remover los diferentes obstáculos legales, institucionales y sociales que impiden avanzar en dirección a la Verdad y la Justicia.
Todos los poderes públicos intervienen en una u otra dirección: con más o menos interés pueden incluir el asunto en su “agenda política”, manifestar más o menos equidistancia entre víctimas y victimarios, empatía hacia unos u otros o, mantener la preeminencia de unas víctimas sobre otras (víctimas de ETA y víctimas del franquismo). Mención aparte merece la actuación de la Justicia, resumido en aquello de “ni juzga ni deja juzgar” y cuyos argumentos se podrían calificar como posiciones de Estado y resumirse:
- Vigencia de la Ley 46/1977 de Amnistía.
- Existencia de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica.
- Prescripción de los delitos cometidos por el franquismo.
- Carácter esporádico y no sistémico de los delitos denunciados.
- Considerar que cualquier actuación reabre las heridas supuestamente cerradas.
- Señalar la primacía de la Jurisdicción española y negación de la concurrencia jurisdiccional.
- Por último un argumento político y no jurídico: La Transición española como valor académico, social y político que permitió la reconciliación.
Con una Justicia así, con los residuos del franquismo movilizado y unos medios animosos con la apología de la Dictadura, el Gobierno debe entender que es el momento de no retroceder e infringir una derrota a todas las fuerzas sociales y grupos herederos del franquismo. No es exagerado pensar que el desenlace de este conflicto puede abrir nuevas perspectivas en favor de cambios progresistas en otros terrenos o, por el contrario, conducir a nuevos retrocesos políticos y sociales.
Una lucha por la democracia y los derechos humanos
No es deseable que un asunto tan trascendente pueda quedar reducido a las iniciativas o vaivenes del Gobierno. Si así fuese, el desenlace sería previsible y concluiría con el repliegue del Gobierno sin olvidar las inevitables consecuencias negativas para un incierto próximo futuro.
La presión social y la movilización deberían acompañar a unas medidas de gran impacto simbólico. Es curioso que el factor determinante afecte, de forma directa a la familia Franco: retirada del cadáver del dictador del Valle de Cuelgamuros, supresión del ducado de Franco, expropiar sin indemnizar el pazo de Meirás y otras propiedades robadas y suprimir cualquier subvención a la FNFF así como recuperar el patrimonio apropiado por la misma.
Después vendrá la exigencia de retirada de condecoraciones a conocidos torturadores o no dejar sin sanción la notoria insubordinación de casi mil militares identificados con el franquismo. No es odio, son las garantías necesarias para la no repetición.
No es necesario recordar que tanto la memoria como la impunidad son componentes fundamentales de una lucha por la democracia y los Derechos Humanos. A fin de cuentas la impunidad del franquismo no podría separarse de la lucha contra las élites y grupos sociales que imponen otra impunidad, social, económica, cultural… al conjunto de la sociedad española. Algo observable, sobre todo, a partir del año 2008.
Pero las aspiraciones de este movimiento social son más amplias. De forma resumida hay que resaltar las más significativas:
- Modificación de la Ley 46/1977 de Amnistía, en el sentido de que no se puede amnistiar a quién jamás fue juzgado ni condenado y sin olvidar el carácter inamnistiable e imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad. En suma: que aquella Ley deje de ser una Ley de punto final.
- Modificación de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica en la dirección que señalan diversas recomendaciones de Naciones Unidas.
- Aplicación y respeto de la legislación internacional en materia de Derechos Humanos. Cumplimiento de las normas del Derecho Internacional y en particular del Derecho Internacional Penal como base fundamental para la existencia de una Jurisdicción Universal que haga imposible y persiga los delitos de lesa humanidad.
- Declaración de nulidad de todos los procedimientos judiciales, procesamientos, sentencias, condenas y sanciones de los tribunales represivos del franquismo por ser notoriamente ilegales.
- Asunción por parte del Estado de su responsabilidad en la localización, exhumación e identificación de las víctimas existentes en las fosas comunes del franquismo y su constatación como prueba evidente de “crímenes contra la humanidad”.
- Retirada de la simbología franquista que pesa sobre el patrimonio cultural y urbano (callejero, monumentos, placas conmemorativas, denominaciones de centros y servicios públicos…). Creación de directrices urbanísticas y medio ambientales para la adecuada preservación, conservación, mantenimiento, señalización y divulgación de todos aquellos parajes, lugares y construcciones relacionadas con la guerra, la represión y la lucha antifranquista.
- El acceso a la Función Pública, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas, a los diferentes órganos de la Administración de Justicia debe incorporar, en sus diferentes programas de estudio, la defensa y el valor de la democracia y de los Derechos Humanos, pues solo de esta forma se asegura la proscripción definitiva del fascismo y el totalitarismo.
- Garantizar el acceso a la Justicia a toda la ciudadanía susceptible de demandar su amparo y protección. Creación de una Fiscalía especializada en la persecución de los crímenes del franquismo, y designación de los órganos judiciales competentes para la persecución de los mismos. Creación de una Oficina de Víctimas del franquismo, capaz de centralizar todas las solicitudes referentes a reclamaciones, reparaciones, reconocimientos y todas aquellas cuestiones vinculadas a la represión y a los daños ocasionados por el Estado y otras instituciones particulares o privadas.
- Reparación material de las víctimas del franquismo, entendida como la devolución de los bienes incautados durante la represión franquista así como de las multas impuestas por “adhesión a la rebelión” o “auxilio a la rebelión”.
- Apertura de los Archivos públicos e igualmente recuperación de todos los archivos de carácter privado pero que disponen de documentación de naturaleza pública (Fundación Francisco Franco, por ejemplo), a fin de que la ciudadanía, mundo académico, organizaciones cívicas y culturales…, puedan disponer del conocimiento suficiente o fomentar el estudio de la época referida. Lo que implica poner fin a la documentación secreta y a la denominada “información reservada”.
- La Garantía de no repetición de los crímenes cometidos por el franquismo, obliga a una posible ilegalización de partidos, organizaciones políticas, sociales, culturales, etc. de naturaleza e identidad fascista, por constituir una amenaza para el ejercicio del pluralismo y de las libertades democráticas de la ciudadanía. Sin olvidar la inclusión en la legislación del delito de “apología”.
- Constitución de una Comisión de la Verdad (CV).
- Rechazar cualquier propuesta que pretenda dar una imagen inmaculada o renovada del mausoleo fascista conocido como “Valle de los Caídos”, en especial cualquier pretensión de convertirlo en un espacio compartido de “memoria histórica”, cementerio civil o monumento en favor de la “reconciliación”. Soy de la opinión de que no se debe erradicar todo aquello proveniente del franquismo como si este nunca hubiese existido. Otra cosa sería la resignificación del mausoleo (Auschwitz permanece no porque tenga otro significado, sino precisamente por lo que fue: campo de exterminio). En respeto de la memoria democrática, lo primero es proceder a la exhumación del dictador y posteriormente, a la identificación y retirada de las víctimas que pueblan las fosas del Valle.
Sobre la Comisión de la Verdad (CV)
Es una propuesta con amplio recorrido internacional y resultados, en general, satisfactorios. En nuestro caso, avalada, en calidad de recomendación, por el Relator de Naciones Unidas sobre la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Sin embargo, no existe un criterio coincidente en cuanto a la necesidad de su constitución, desde quiénes consideran que es una alternativa a otras iniciativas democratizadoras hasta valorarla como complementaria de las mismas.
Sería un error rechazar la creación de una CV, independientemente del debate-conflicto sobre el cómo, quiénes, cuando, para qué…, es decir, sobre su significado social y político, sobre sus objetivos, sus investigaciones, sus resoluciones, etc.
De momento se trata de definirse en torno a su constitución: ¡Sí o No! Otras cuestiones adyacentes serán debates posteriores. Lo urgente es entender su significado, social y político:
- La constitución de la CV supondría poner a la sociedad española ante un espejo, causaría una auténtica conmoción, habida cuenta del desconocimiento imperante sobre el franquismo y la dictadura.
- La publicidad permanente de sus investigaciones permitiría conocer el cúmulo de monstruosidades cometidas por el franquismo durante la guerra, la dictadura y la Transición.
- La existencia de una CV obligaría a poner fin –iría su credibilidad en ello- a los archivos secretos y a la documentación reservada, todavía inaccesible. Todo ello ilustraría sobre la vulneración sistémica de los Derechos Humanos.
- En ningún caso la CV podría ser un instrumento o un aval para el régimen de la Reforma, ni para una supuesta reconciliación. Su objeto político no sería otro que la condena del franquismo, la investigación de sus crímenes y delitos y su permanencia en la sociedad española más allá de la propia dictadura.
En fin, sin cautelas previAs, precisamente porque la misma existencia de la CV altera las relaciones políticas en perjuicio de aquellos que defienden la impunidad, además de producir un tremendo impacto en el cuerpo social. Las convulsiones de esta combinación de factores sociales y políticos nos mostrarán los límites del régimen surgido de la Transición y su difícil convivencia con una CV. No obstante, sería exagerado pensar que una CV iniciaría el proceso hacia una segunda transición.
El nuevo gobierno avanzará hasta donde la sociedad le empuje. Y se detendrá cuando atisbe que los límites del régimen amenacen desbordarse.
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LA IMPUNIDAD Y LA JUSTICIA NO SON ASUNTOS DE JUECES
2018
En el país de la desigualdad, de la pobreza y la exclusión social las normas e instituciones que rigen y regulan las relaciones sociales entre personas y grupos, no son ajenas a esos fenómenos tan reales como indeseables… En el país de la corrupción, de los desahucios, del subempleo, del temor al abandono absoluto, las políticas públicas no son ajenas al desamparo de los grupos sociales más vulnerables y que siempre son la “mayoría social”… En el país de la impunidad, de la desmemoria y el olvido, ¿qué puede esperarse de una supuesta función reparadora y compensadora de la Administración de Justicia?
La trama judicial (conjunto de organismos proclives a la uniformidad y en la que conviven diferentes niveles de autoridad, Fiscalía General, Fiscalías especializadas, Tribunales superiores territoriales, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional) no podría escapar de las inquietudes y dilemas que experimentan las élites dominantes. La independencia y la autonomía del poder judicial son poco más que ficciones funcionales del ejercicio del poder político. La Justicia puede limitar los aspectos más lacerantes de las relaciones sociales, puede contribuir a disminuir los abusos de grupos prominentes e incluso, proteger a las víctimas de delitos aviesos. Pero lo que no puede es practicar la disonancia con el resto de instituciones poderes políticos.
La Justicia como toda institución de naturaleza política, no puede situarse al margen de las leyes que rigen el conflicto social. Su actuación es y será política siempre y en toda circunstancia. De forma obvia y para garantizar su continuidad tratará de cubrirse con referencias a las normas de todos, aparentar una especialización técnica, una complejidad exclusivista y un rechazo de todo aquello que altere el statu quo y obstaculice la reproducción de las relaciones sociales (la desigualdad entre ellas). Es por ello que cualquier esperanza en una actuación autónoma e independiente –de la Justicia, claro- no deja de ser una vana ilusión impropia de sociedades desgarradas. De la misma forma que no son las leyes las que garantizan el ejercicio de los derechos y libertades, no es, ni podría ser, la Justicia la que asegura la erradicación de la desigualdad mencionada. ¿Se podría, a través del acceso a la Justicia acabar con la impunidad, aún vigente, del franquismo?
Cuando se habla de una sociedad desigual se está diciendo no solo que una minoría disponga de más recursos, también, de forma implícita, se expresa la desigual distribución del poder entre los diferentes grupos sociales, vertebrados, todos ellos por distintos intereses mostrándose bien en conflicto abierto o contenido.
Así es, un camino necesario pero no el único ni el exclusivo. La impunidad es mucho más que un conjunto normativo-jurídico, una estructura para la redistribución social del poder o un laberíntico escenario por el que transcurren las relaciones humanas, colectivas o individuales. Pero la impunidad puede ser cuestionada y de hecho lo es, sin que necesariamente entre en quiebra o se manifieste en crisis de continuidad. Solo el triunfo de la verdad, de la justicia, de la reparación de las víctimas y de las garantías de no repetición, significará su ocaso. Es por ello que afrontarla requiere de muchas iniciativas, de múltiples caminos sin que por ello pueda otorgarse validez a cualquier estrategia.
Casi 8 años han transcurrido desde que en abril de 2010 el Juzgado Criminal y Correccional nº 1 de Buenos Aires abriese la causa 4591/2010 por crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo. Es bueno saber que constituye la única denuncia vigente contra dichos delitos, la única que, de momento, cuenta con 19 imputados. Para la gestión y seguimiento de la Querella surgió la “Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina” (CEAQUA, en adelante).
Tampoco está de más recordar los fundamentos jurídicos desarrollados por diferentes organismos internacionales y recogidos por la CEAQUA: En los juicios de Nüremberg, realizados para juzgar el genocidio nazi, se definieron los crímenes contra la humanidad como el “asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil, o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra”. Posteriormente, el Estatuto de la Corte Penal Internacional estima que estos crímenes suponen “la comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil –multiplicidad de víctimas-, y con conocimiento de dicho ataque”. La característica principal de estos crímenes es su naturaleza imprescriptible, tal como ha sido recogido en la Convención sobre Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, de 26 de noviembre de 1968, que señala en su artículo 1 que estos delitos “… son imprescriptibles cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su sexto informe periódico sobre España (junio 2015) “…reitera su recomendación en el sentido de que se derogue la Ley de Amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado parte debe impulsar activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado. El Estado parte debe velar porque en estas investigaciones se identifiquen a los responsables, se los enjuicie y les impongan las sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas…”. En fin, la Dictadura franquista no es amnistiable pero… España, ni juzga ni deja juzgar.
Desde la CEAQUA animamos a los Ayuntamientos y Parlamentos autonómicos a construir otra realidad, a impulsar nuevos compromisos con la verdad, la justicia y la reparación. La elaboración de Planes o Proyectos integrales, municipales o autonómicos de memoria democrática han de ser celebrados, la apertura de Oficinas de atención a las víctimas, la recuperación de la tímida e insuficiente Ley 52/2007 de Memoria Histórica, la decisión de erradicar del patrimonio cultural y urbano la nomenclatura fascista/franquista será, igualmente, bienvenida. En fin, pasar de apoyar a la querella a ser querellante contra el franquismo (Pamplona, Vitoria, Zaragoza, Tarragona y Rivas-Vaciamadrid ya lo han hecho). Pero ¡atención! Todo esto no se hará sin ruido mediático y en consecuencia, sin conflicto social.
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¡NO ES ESTO!
22 de mayo de 2016. Publicado originalmente en público.es
No era això, companys, no era això
Pel que varen morir tantes flors
Pel que varen plorar tants anhels
Potser cal ser valents altre cop
I dir no, amics meus, no es això
(“No es això, companys”. Lluis Llach)
Hace un año inaugurábamos, repletos de esperanza, los nuevos Ayuntamientos democráticos. Los titulábamos como los “Ayuntamientos del cambio”. Había llegado el momento de poner fin al desastre social, cultural y humano impuesto por el PP tras una gestión de más de veinte años, un partido de profundas reminiscencias franquistas, eficaz representante de los intereses de las élites parasitarias. Toda una ciudad y sus habitantes al servicio exclusivo del escaparate deseado por las empresas constructoras, por el sector turístico y el poder financiero. La enajenación de lo público, de aquello que es de todos y todas, la corrupción, la obscenidad cultural…, han dejado una ciudad segregada, hostil, en la que la lucha por el espacio ha tenido vencedores y vencidos, traduciéndose en un crecimiento desmedido de la exclusión social y la pobreza. Todo lo que afectaba a la vida de la ciudadanía fue escrutado, nada escapó a su control autoritario. Si en el terreno de los derechos sociales hemos padecido una auténtica calamidad ¿qué podría afirmarse si nos referimos a las libertades públicas, a los derechos humanos y particularmente a las víctimas del franquismo?
Es por ello que cerrar esa ignominiosa etapa se convertía en cuestión de supervivencia para el adecentamiento de la propia ciudad a la vez que un estímulo para el florecimiento de nuevos derechos. La memoria necesitaba de espacio, el “cambio” requería de memoria, concluyendo que no habría cambio sin memoria.
Desde entonces, la nueva Corporación se esforzó en representar e interpretar las demandas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Era una cuestión de reconocimiento de derechos sentidos y reclamados por esa parte de la sociedad. Es posible que en su intento se manifestaran errores de coordinación o iniciativas no suficientemente avaladas por el Pleno, todo ello magnificado por determinados grupos mediáticos interesados en quebrar la relación del Ayuntamiento con las Asociaciones de víctimas o con la cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense. Aún con esos errores –la nueva Corporación- no equivocó su lugar. Seguía con las víctimas y dispuesta a impulsar un Plan Municipal de Memoria Histórica, orientado al cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de verdad, a dar satisfacción a las demandas de justicia actuando en representación de los ciudadanos represaliados o asesinados, a restituir a las víctimas la recuperación o indemnización por los bienes y documentación incautados y, en definitiva, a fomentar una cultura de conocimiento y respeto de los derechos humanos. De eso se trataba y de esto se trata.
No obstante, la derecha madrileña no podía permanecer quieta. Su relato es simple pero contundente:¡Qué drama que a las víctimas del franquismo se les reconozcan derechos! A fin de cuentas no son sus víctimas y en consecuencia, no pueden tolerar perder el monopolio que ostentan en la representación de las mismas (del terrorismo de ETA, se entiende). Para el PP, las víctimas del franquismo no son víctimas del terrorismo de Estado, sino de una lucha fraticida en la que todos mataban y todos morían.
La creación reciente del Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, parece encontrar la virtud en ese punto justo: ese punto que no cuestiona lo vigente y que apunta, en la práctica, a un viejo relato “bendecido” –nunca mejor dicho- y consagrado a la reconciliación, en este caso de los “nietos”. Pero si lo que ocurrió hace 40 años fue resultado de una desigual relación de fuerzas entre diferentes grupos sociales en que unos, pugnaban por liquidar el franquismo y otros, por asegurar sus pervivencias; reproducir hoy aquel escenario no deja de ser una malévola burla histórica. Puede que el régimen de la Transición viva la peor de sus crisis, pero difícilmente se le apuntala con un discurso tan añejo como impropio de los tiempos de cambio, tiempos de recuperar derechos y no de recreación de un pasado que cada día resulta más cuestionable, nada modélico y grotesco en grado sumo.
En la Exposición de Motivos del Acuerdo por el que se crea el Comisionado de Memoria Histórica se siguen manifestando las contradicciones del Gobierno municipal, independientemente de la necesidad o no de crear un organismo específico. En cambio, no parece difícil establecer correspondencia entre los motivos que informan el Comisionado y la composición del mismo. La bifurcación que se abre es tremenda, un mundo separa la necesidad de reconocer a las víctimas del franquismo y quienes tienen encomendado el hacerlo. No es este el camino que esperábamos. De nuevo, los derechos humanos vuelven a subordinarse a lo que sea tolerable para la derecha municipal, siempre dispuesta a no renunciar a su memoria de victoria.
En resumen, la constitución del Comisionado parece limitarse a la restitución de la tímida Ley 52/2007 de Memoria Histórica, que más allá de la modificación del callejero o la retirada de la simbología franquista del patrimonio cultural y urbano, está lejos de ser el cauce administrativo para el desarrollo integral de políticas públicas en esta materia. El supuesto Plan Integral no contempla, en ningún caso, la erradicación de la impunidad del franquismo como una cuestión heredada de la Dictadura y no resuelta durante la Transición. Bien es cierto que, aunque las competencias municipales sean limitadas, la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición deberían figurar como objetivos políticos, sociales e inter-institucionales, cualquiera que sea la Administración democrática de que se trate.
Cuando se trata de reconocer derechos a las víctimas del franquismo, un aluvión de víctimas se pone encima de las fosas todavía cerradas. Son las víctimas de ETA y las víctimas de la Guerra Civil, en este caso las pertenecientes al bando franquista. No importa que dichas víctimas dispongan de reconocimiento público e institucional, que hayan sido reparadas y sus herederos indemnizados. Esta víctimas han tenido un tratamiento específico, las del franquismo nunca. Bajo la etiqueta de equiparación de “todas las víctimas” anida el objeto de negar los derechos humanos a quienes, precisamente, no los tienen reconocidos.
Han de saber que las víctimas del franquismo no queremos acceso regalado a puestos de trabajo en la Función Pública, ni la concesión de Administraciones de Lotería o de títulos universitarios sin estudio alguno. Lástima que este despropósito implique el fracaso de un proyecto de cambio en materia de derechos humanos. El consenso con la derecha, esa que de cuando en cuando participa de la exaltación del franquismo, tiene por objeto, casi como único objeto, impedir el reconocimiento de lo que sería natural en una sociedad plenamente democrática. Recordemos que las víctimas del nazismo jamás buscaron el consenso con sus victimarios (¿qué se puede consensuar ante crímenes de lesa humanidad calificados de imprescriptibles?).
Cuarenta años después, lo que no pudo solucionar ni reparar la Transición, seguirá sin repararse. “El tiempo pasa y la impunidad permanece” dice Amnistía Internacional. Sin duda, Lluis Llach tenía razón cuando en el ya lejano 1979 nos recordó aquello de no es esto, compañeros, no es esto. No lo era entonces y no lo es ahora.
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DEL APOYO A LA QUERELLA A SER QUERELLA
5 de febrero de 2016. Publicado originalmente en publico.es
Casi 6 años han transcurrido desde que en abril de 2010 el Juzgado Criminal y Correccional nº 1 de Buenos Aires abriese la causa 4591/2010 por crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo. Es bueno saber que constituye la única denuncia vigente contra dichos delitos, la única que, de momento, cuenta con 19 imputados. Para la gestión y seguimiento de la Querella surgió la “Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina” (CEAQUA, en adelante).
Tampoco está de más recordar los fundamentos jurídicos desarrollados por diferentes organismos internacionales y recogidos por la CEAQUA: En los juicios de Nüremberg, realizados para juzgar el genocidio nazi, se definieron los crímenes contra la humanidad como el “asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil, o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra”. Posteriormente, el Estatuto de la Corte Penal Internacional estima que estos crímenes suponen “la comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil –multiplicidad de víctimas-, y con conocimiento de dicho ataque”. La característica principal de estos crímenes es su naturaleza imprescriptible, tal como ha sido recogido en la Convención sobre Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, de 26 de noviembre de 1968, que señala en su artículo 1 que estos delitos “… son imprescriptibles cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”.
Conocida es la posición del Gobierno español al respecto y en paralelo la de la Administración de Justicia. Así, resalta la vigencia de la Ley 46/1977 de Amnistía (cuando en las Cortes de 1977 la izquierda avaló la llamada Ley de Amnistía –Ley preconstitucional-, lo hizo en la creencia de que el ejercicio de la oposición a la Dictadura franquista dejaba de ser delito cuando en realidad, se estaba amnistiando a los victimarios); la prescripción de los delitos cometidos por el tiempo transcurrido; la estimación de que los crímenes de desaparición forzada, tortura o asesinato no fueron sistémicos sino aislados; la negación de la concurrencia jurisdiccional remarcando la primacía de la Justicia española para juzgar los mismos y, por último; una consideración de naturaleza no jurídica y estrictamente política: cualquier acto de justicia al respecto pondría fin a la reconciliación entre los españoles, abriendo espacios a nuevas formas de confrontación.
Todo un argumentario descabellado y políticamente comprometido con la vigencia de la impunidad. No solo rechaza la legislación internacional sobre la materia sino los mismos compromisos contraídos por el Estado español e incluso, la propia Constitución en lo que se refiere al acceso a la Justicia y a la conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En consecuencia y en aplicación de las normas relativas a la Justicia Universal, la Justicia argentina asumió la querella presentada ante esa jurisdicción por distintas víctimas del franquismo y asociaciones vinculadas a la memoria histórica. A esta querella se han incorporado, posteriormente, otros querellantes, familiares de bebés robados, ex presos y ex presas políticas, víctimas del trabajo esclavo, descendientes de fusilados, de exiliados… El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su sexto informe periódico sobre España (junio 2015) “…reitera su recomendación en el sentido de que se derogue la Ley de Amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado parte debe impulsar activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado. El Estado parte debe velar porque en estas investigaciones se identifiquen a los responsables, se los enjuicie y les impongan las sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas…”. En fin, la Dictadura franquista no es amnistiable pero… España, ni juzga ni deja juzgar.
Con el transcurso de tiempo la “querella argentina” ha permitido visibilizar a las víctimas, poner en evidencia al Estado español ante los organismos internacionales de derechos humanos e incluir, parcialmente, en la agenda política, el asunto de la impunidad heredada del franquismo. Sin embargo, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición siguen siendo aspiraciones de incierta resolución. En su actividad la CEAQUA se esforzó en configurar un espacio social de solidaridad con la “querella” además de estimular el compromiso de numerosas instituciones representativas (Ayuntamientos, Parlamentos autonómicos), todo ello bajo la fórmula de “apoyo a la querella”. Ahora, desde la óptica de la CEAQUA, no se trata tanto de apoyar la querella como de ser querellante. Veamos:
- Aunque solo sea de forma parcial y desigual, la impunidad del franquismo ha adquirido una dimensión, social y mediática, superior a lo previsible pero todavía inferior a lo deseable. El Gobierno y la Justicia española siguen ignorando y excluyendo de la agenda política el reconocimiento de las víctimas, sabedores de que se mueven en un terreno árido y con un comprometido asunto que pone en evidencia la propia naturaleza del régimen de la Transición.
- Las movilizaciones sociales de los últimos años y las profundas demandas de cambio político convierten, la eliminación de las pervivencias del franquismo en un componente del mismo y deseado cambio. Es el momento de que los nuevos y renovados Ayuntamientos y Parlamentos autonómicos se comprometan a fondo, con la liquidación del déficit democrático que padece la sociedad española. Recordemos, pues, que una política democratizadora no puede ignorar la asociación entre el cambio y la memoria.
- La impunidad es una construcción política deliberada y alimentada con una práctica cotidiana, de ideas, normas, representaciones, comportamientos que impregnan diferentes esferas de la vida cultural, social y política. Pero una “construcción política” se desmonta con otra política, en este caso, impulsada desde las instituciones democráticas y representativas.
- Más allá del impacto y contribución de la “querella argentina”, es una evidencia que el fin de la impunidad se tiene que producir en este país y no allende los mares. Es la Justicia española, las instituciones españolas y la legislación española las que deben modificarse y actuar en consecuencia. Es por ello que las querellas contra el franquismo y sus pervivencias deben tomar cuerpo en los Juzgados territoriales correspondientes de este país.
- Las corporaciones municipales y asambleas autonómicas con el requerido celo democrático, pueden erigirse en bastiones democráticos que actúan –judicialmente- en representación de sus vecinos y vecinas represaliados por el franquismo, sin olvidar a los numerosos alcaldes, concejales y empleados públicos, muchos de ellos y ellas condenados y/o fusilados en función de su cargo y compromiso.
- Muchos pensamos que la impunidad del franquismo constituye el elemento cohesionador del bloque social dominante. En torno a la misma, se generan complicidades, se articulan intereses y se desarrollan prácticas de dominación sobre bienes y personas. Su hegemonía requiere de una cierta aceptación social que sitúa en la esfera de lo secundario o accesorio los efectos de dichas prácticas. Que no parezca que tienen dueño y promotor, que se oculte que proceden de un cuerpo social minoritario y organizado. Es, a fin de cuentas, una forma de conspiración contra la mayoría social, de la misma forma que el olvido y la reconciliación no son instrumentos asépticos ni mecanismos neutros. La supuesta equidistancia oficial entre víctimas y victimarios, la preeminencia de las víctimas de ETA sobre otra clase de víctimas y el cuento de una transición regalada sin el protagonismo de las clases subalternas y de una juventud combativa, es el relato justificativo y legitimador de privilegios, ventajas sin cuento y situaciones efectivamente monstruosas.
Desde la CEAQUA animamos a los Ayuntamientos y Parlamentos autonómicos a construir otra realidad, a impulsar nuevos compromisos con la verdad, la justicia y la reparación. La elaboración de Planes o Proyectos integrales, municipales o autonómicos de memoria democrática han de ser celebrados, la apertura de Oficinas de atención a las víctimas, la recuperación de la tímida e insuficiente Ley 52/2007 de Memoria Histórica, la decisión de erradicar del patrimonio cultural y urbano la nomenclatura fascista/franquista será, igualmente, bienvenida. En fin, pasar de apoyar a la querella a ser querellante contra el franquismo (Pamplona, Zaragoza y Rivas-Vaciamadrid ya lo han hecho). Pero ¡atención! Todo esto no se hará sin ruido mediático y en consecuencia, sin conflicto social.
Para la caverna de este país es un asunto innegociable, tabú. Sin duda les molesta y les inquieta la remunicipalización de un servicio público determinado, les dificulta una oportunidad de negocio la recuperación pública de la limpieza municipal o la recogida de residuos urbanos, les incomoda la no privatización de aquello que tenían previsto, convertirían en drama la derogación de la reforma laboral, dirían que la negociación colectiva destruiría el empleo. Pero sabrían llevarlo, formaría parte de las pérdidas tolerables.
Pero lo que bajo ningún concepto podrán aceptar, es que la impunidad del franquismo deje de impregnar y modelar al conjunto de las relaciones sociales. La impunidad del franquismo es tan estructural como la corrupción, es el ADN del régimen de la reforma. Sin aquellas castas parásitas educadas para gobernar y dirigir el país, depredadoras de lo público, que no saben vivir sin las instituciones puestas a su servicio, sin un aparato de estado autoritario, las ventajas que el franquismo les proporcionó siguen siendo un todo. Para estos grupos, cualquier ampliación de la democracia tendría un carácter apocalíptico.
Los Ayuntamientos modificarán el nombre de las calles, retirarán monumentos ignominiosos, cambiará, en definitiva, el decorado urbano y sin duda, lo celebraremos y nos felicitaremos por ello. Pero no necesariamente implicará el fin de la impunidad.
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NO HAY CAMBIO SIN MEMORIA
19 de mayo de 2015. Publicado originalmente en publico.es
Hace 5 años se iniciaban los procedimientos judiciales para apartar al juez, Baltasar Garzón, de la carrera judicial, una vez constatado su compromiso con los derechos de las víctimas del franquismo y la Dictadura. El estupor y la indignación que estos acontecimientos provocaron, en buena parte de la ciudadanía democrática, se plasmaron en diversos actos y movilizaciones, como la concentración permanente en la Escuela de Relaciones Laborales, y por fin, la gran manifestación unitaria contra la impunidad del franquismo celebrada el 24 de abril de 2010.
Desde entonces, todos los jueves del año familiares y amigos de las víctimas se concentran en la Puerta del Sol, para exigir VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN. Pero el paso del tiempo deja su huella, siempre triste, entre gente que va muriendo sin que sus familiares asesinados sean localizados, exhumados e identificados. La situación de desamparo y olvido institucional de las víctimas del franquismo requiere de urgentes medidas jurídicas, políticas y éticas que pongan remedio a la deuda contraída por el Estado democrático con los miles de personas represaliadas, torturadas y asesinadas por la Dictadura. No obstante, la realidad actual exige nuevos compromisos y alguna que otra reorientación estratégica:
1º. Una vez constatada la negativa de la Justicia española a poner fin a la impunidad heredada del franquismo, la “Querella Argentina”, pone en evidencia al conjunto del Estado, a sus instituciones y su normativa jurídico-legal e incluso, su propia naturaleza. Constituye la más importante denuncia global e internacional de la Dictadura franquista, tanto por su dimensión territorial como por la amplitud de sus contenidos (asesinados y desaparecidos, torturados y represaliados, víctimas del trabajo esclavo, bebés robados, exiliados, preventorios infantiles, homosexuales…). Además, implica el ejercicio práctico de la Justicia Universal para que todos los aspirantes a genocidas, en cualquier lugar del planeta, se sientan sometidos a una Jurisdicción protectora de la Democracia y de los Derechos Humanos. Este es su valor histórico, universal y también, humano…
2º. Pero la impunidad no es un asunto de exclusiva dimensión jurídica. No olvidemos que es una construcción política, deliberada, minuciosa, mantenida en la inercia, en la subordinación de la mayoría a una minoría criminal y parasitaria, sostenida en una desfavorable relación de fuerzas en favor de los grupos sociales beneficiarios del franquismo y a las élites que hoy gobiernan nuestras vidas y nuestros destinos y que, en consecuencia, apuestan –y apostaron- por una política de olvido, de miedo y amenazas, de perdón y de supuesta reconciliación entre víctimas y victimarios. El antídoto de esas pervivencias requiere de otra política, en este caso, respetuosa con la legislación internacional, con la memoria social, con los derechos humanos y con la democracia: en fin, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
No deja de ser un error reducir la impunidad a un conjunto de normas legales. Ni siquiera la derogación de la normativa vigente, aún siendo necesaria, sería suficiente para liquidar las pervivencias franquistas (la Ley de Amnistía de 1977, la oposición a la imprescriptibilidad de los delitos cometidos, la preeminencia de la Justicia española sobre otras, la vulneración del Acuerdo hispano-argentino sobre extradición), todo ello, son sólo aspectos formales de una inmensa losa que, más allá del Valle de los Caídos, se cerró sobre el conjunto de la sociedad española. No es suficiente, pues, la voluntad política ni los cambios que se operen en las instituciones representativas, sean estos locales, autonómicos o estatales. Sin espacio para el error, podemos afirmar que la impunidad cuenta con sólidas bases, fundamentalmente de carácter estructural.
3º. Seríamos tremendamente ingenuos si no entendiésemos que la impunidad referida va asociada a otras impunidades que padece la sociedad española. ¿Acaso la hegemonía y la impunidad que ejerce el poder financiero resulta ajeno a la genética franquista? ¿Sería posible acometer el expolio de los bienes públicos sin el poder desmesurado de las élites provenientes del viejo régimen? ¿Qué decir de la infecta corrupción de los dueños de este país? Y el rastro de exclusión social y pobreza ¿se podría entender sin mencionar la terrible desigualdad entre el “arriba” y el “abajo”? No, rotundamente no. ¿Entonces? ¿Cómo acabar con las impunidades entrelazadas que castigan la vida de las personas dignas y decentes?
Pedir más democracia y un exquisito respeto hacia los derechos humanos, no puede resultar excesivo y sin embargo, son cosas que ya no caben bajo el régimen de 1978. Somos conscientes de que las demandas de las víctimas constituyen un testimonio incómodo e inoportuno para los poderes públicos. No por ello vamos a pedir disculpas; es más, la regeneración democrática de la sociedad española requiere de la liquidación, hasta el fin, sin pausa, de toda la herencia franquista. Con otras palabras, en la dirección de un nuevo proceso constituyente.
4º. Mientras tanto, seguiremos defendiendo y recordando las recomendaciones de diferentes órganos de Naciones Unidas (Comité de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias, Relator sobre la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Comité contra la tortura…). Si no se dan satisfacción, el Estado español seguirá siendo una anomalía internacional.
Que la “España boba” que padecemos —así fue calificado el régimen de la Restauración (1875-1923)— no nos robe, otra vez, el futuro. Su dominio del pasado ya sabemos adónde conduce. El cambio que necesitamos ha de tener la memoria social y democrática como la mejor de sus garantías.
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ENTRE LA HERENCIA FRANQUISTA Y LA JUSTICIA UNIVERSAL
12 de noviembre de 2014. Publicado originalmente en eldiario.es
El auto de 30 de octubre de 2014, dictado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires en la causa 4591/2010 seguida por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo, procede a la imputación de una serie de delitos a un total de 19 personas vinculadas a la Dictadura (ministros, jueces, militares, policías y hasta un médico-ginecólogo) acusadas de cometer crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos españoles, crímenes que tienen, según la legislación internacional, el carácter de imprescriptibles y estando sus responsables sujetos a persecución en respeto del principio de jurisdicción universal. Los delitos de los acusados hielan la sangre de cualquier persona decente…
Mediante el mismo, la Jueza María Servini de Cubría, en cumplimiento de la mencionada legislación internacional, pretende que los servidores del régimen franquista respondan de sus actuaciones delictivas. Constituye, sin duda, el más amplio proceso a la Dictadura franquista jamás acometido.
El Gobierno español contrae una inmensa responsabilidad ante la ciudadanía de este país, depositaria de derechos democráticos irrenunciables, pero también ante la comunidad internacional. De él depende que el Estado español continúe siendo una anomalía internacional por su indigna protección de los crímenes contra la humanidad. Puede, no obstante, poner fin a sus dilatadas prácticas obstruccionistas y acceder a la petición de la Justicia argentina, ordenar la detención preventiva de los reclamados e iniciar los trámites necesarios para proceder a la extradición. De la misma forma, puede dar traslado a la Administración de Justicia –como ya hiciera en los casos de González Pacheco y Muñecas Aguilar- para que la Audiencia Nacional resuelva respecto a la concesión o denegación de dicha solicitud de extradición. En caso de no actuar en este sentido, su decisión estará fundamentada en consideraciones de naturaleza política, por encima de cualquier norma jurídica democrática.
¿Qué hará el Gobierno Rajoy? ¿Podemos esperar alguna iniciativa digna de tomar en consideración la defensa y protección de los derechos humanos? La experiencia y el conocimiento que tenemos del Presidente y sus ministros nos permiten anticipar su posición: Reafirmación de la vigencia de la Ley 46/77 de Amnistía, espacio jurídico de una supuesta “reconciliación” asentada en el olvido forzado, temores colectivos y pervivencias franquistas, por no mencionar la recurrente e ilegal prescripción de los delitos. Nada nuevo, siempre en línea con la ausencia de empatía hacia las víctimas, siempre dispuesto a mantener la impunidad de las élites como seña de identidad de su forma de dominación. ¡Impunidad en todo y para todo! En el expolio social y en los derechos humanos… Es la deriva inevitable de un régimen político en descomposición, construido sobre la reforma del franquismo, de escasas virtudes democráticas. El régimen de la Transición, cínicamente laureado, poco puede ofrecer, como no sea la impunidad de hoy heredada de la monstruosa impunidad de ayer. Para este Gobierno, las víctimas del franquismo deben carecer de reconocimiento y en consecuencia, de derechos.
La “Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina” bien conoce la primacía habitual del “derecho de Estado” sobre los derechos humanos. No solo se observa en el asunto de las recientes imputaciones, sino ante las mismas resoluciones del Grupo de Trabajo de NN.UU. sobre Desapariciones Forzadas o en el Informe del Relator Especial sobre la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición. El Gobierno español no ha respondido, 90 días después, a las 42 recomendaciones establecidas por dicho Grupo de Trabajo.
Es posible que el Gobierno vuelva a dar la espalda a la legalidad internacional, así como a los compromisos adquiridos por el Estado español a través de diferentes Convenios y Acuerdos. Los recientes imputados lo son por homicidio, torturas, secuestro y robo de bebés…, al fondo, se adivinan las fosas de 114.000 desaparecidos, el incalculable número de bebés robados durante toda la Dictadura, las miles de víctimas del trabajo esclavo o el dolor de la deportación y el exilio… La responsabilidad del Estado, de las empresas beneficiarias del trabajo esclavo, de la Iglesia, siguen constituyendo fortalezas de la impunidad. En definitiva, continúan burlándose de la jurisdicción universal.
Celebramos la decisión de la Justicia argentina, su actitud abre una vía esperanzadora, no solo para las víctimas del franquismo, también para todos los pueblos, pues muestra la vigencia de una Justicia universal, una garantía para el respeto a los derechos de las personas y un obstáculo para los aspirantes a genocidas.
En fin, para el conjunto del movimiento democrático que se extiende por nuestro país, el fin de las pervivencias franquistas va asociada a la liquidación de otras manifestaciones de impunidad, tan al uso en estos tiempos. La calidad de la democracia -hoy enferma- y la recuperación de nuestros derechos requiere de una Administración de Justicia no sometida a las exigencias del poder ejecutivo, con más razón cuando las mismas, resultan inconfesables. No queremos que la herencia franquista se imponga, de nuevo sobre la Justicia universal. Entendemos que si los derechos humanos se subordinan a otras consideraciones, se compromete la construcción de cualquier proyecto democrático duradero.
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PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO
Enero 2011
La Plataforma es un espacio para el encuentro, plural y democrático, de personas, grupos y entidades de diferente índole y naturaleza, libremente agrupadas en torno a un objetivo común y socialmente compartido: “La lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por el franquismo a lo largo de su existencia: Durante la guerra civil por su política oficial de genocidio ideológico y clasista, por el ejercicio de una dictadura fascista a lo largo de casi cuatro décadas y por la proyección de sus aparatos jurídico-policial-militar en el proceso de transición a la democracia”.
Años de esfuerzo, luchas, reivindicaciones y propuestas de las víctimas y sus familiares, de diferentes organizaciones sociales, memorialistas y de derechos humanos, confluyen en esta Plataforma unitaria y plural.
El archivo del Auto dictado por el Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional contra los crímenes del franquismo, y la posterior inhabilitación y procesamiento del juez Garzón, han sido interpretados por el movimiento memorialista como la prueba de la plena vigencia del modelo español de impunidad; como un intento de amedrentar al resto de los jueces para abortar, de raíz, cualquier intento de investigar los crímenes del franquismo; y como la constatación de la absoluta indefensión jurídica de las víctimas de la dictadura.
El estupor y la indignación que estos acontecimientos provocaron en buena parte de la ciudadanía democrática se plasmaron en diversos actos y movilizaciones, como el convocado por los sindicatos en la Universidad Complutense, las diversas concentraciones junto a la Audiencia Nacional, la concentración permanente en la Escuela de Relaciones Laborales, y por fin, la gran manifestación unitaria contra la impunidad del franquismo celebrada el 24 de abril de 2010.
Desde entonces, esta Plataforma existe para dar continuidad a las justas y razonables demandas de VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN, fundamentales para el devenir de una sociedad plenamente democrática, y se concentra públicamente cada jueves a las 19 h. en la puerta del Sol, frente al histórico edificio de la Comunidad de Madrid, que en otro tiempo fue sede de la temida Dirección General de Seguridad.
La situación de desamparo y olvido institucional de las víctimas del franquismo requiere de urgentes medidas jurídicas, políticas y éticas que pongan remedio a la deuda contraída por el Estado democrático con los miles de personas represaliadas, torturadas y asesinadas por la Dictadura. Constatamos el tratamiento discriminatorio y el agravio comparativo entre el trato dado por el Estado Español a otros tipos de víctimas, tanto durante los 36 años de franquismo como en la actualidad. Estas humillantes diferencias hieren cualquier sensibilidad democrática.
El actual sistema democrático –aún con todos sus déficits- es deudor de cuantos se opusieron y enfrentaron a un régimen criminal, de cuantos lucharon por una sociedad más libre, justa e igualitaria. No olvidamos que el franquismo dispuso de una notable base social beneficiaria de sus políticas represivas: las numerosas empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo al que fueron sometidos miles de presos políticos, los más de 30.000 niños robados y desaparecidos, la humillación permanente ejercida sobre las mujeres, la expoliación de los bienes de las familias de los derrotados…, todo ello escrupulosamente bendecido y legitimado por la Iglesia Católica.
La existencia de la PLATAFORMA viene a resaltar el profundo compromiso democrático de sus justas aspiraciones para con el conjunto de la sociedad española. Su lucha es por la ampliación de la DEMOCRACIA, para que su calidad y sus resortes éticos sean lo suficientemente poderosos que impidan que la memoria de los vencedores siga institucionalizada como “memoria oficial”. Queremos y perseguimos que la memoria de las víctimas sea oficializada con toda su connotación transformadora: democrática, republicana, revolucionaria.
El reconocimiento que legítimamente demandamos se sintetiza en la exigencia de VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN. La PLATAFORMA, por tanto, se dirige a la sociedad civil y a los poderes públicos y PLANTEA LAS SIGUIENTES DEMANDAS:
1º. Cumplimiento de las normas del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Penal como base fundamental de los principios de VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN para todas las víctimas del franquismo.
2º. Declaración de nulidad de todos los procedimientos judiciales, procesamientos, sentencias, condenas y sanciones de los tribunales represivos del franquismo por ser notoriamente ilegales.
3º. Inaplicación de la Ley de Amnistía de 1977 Ley (46/77) en lo que se refiere a los delitos de lesa humanidad cometidos por autoridades y funcionarios del franquismo, sin que se reconozca legitimidad alguna a cualquier “ley de punto final”.
4º. Implementación por parte del Estado de políticas públicas que desarrollen de forma progresista la insatisfactoria Ley de la Memoria (Ley 52/2007), porque, a los tres años de su promulgación, no ha conseguido dar satisfacción a las demandas de las víctimas del franquismo. Superación del concepto de memoria individual y familiar hasta el de memoria colectiva. Aplicación de las normas del derecho internacional para las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura (imprescriptibilidad, derecho a conocer, derecho a la justicia, derecho a la reparación). Creación de directrices urbanísticas y medio ambientales para la adecuada preservación, conservación, mantenimiento, señalización y divulgación de todos aquellos parajes, lugares y construcciones relacionadas con la guerra, la represión y la lucha antifranquista.
5º. Cumplimiento de las normas procesales y penales que obligan a jueces, magistrados y demás funcionarios públicos relacionados con la Administración de Justicia a intervenir activamente en la persecución de los delitos cometidos por el régimen franquista.
6º. Creación de una Fiscalía especializada en la persecución de los crímenes del franquismo, y designación de forma inequívoca de los órganos judiciales competentes para la persecución de estos delitos, así como la inclusión en el Código Penal del delito de desaparición forzosa.
7º. Asunción por parte del Estado de su responsabilidad en la localización, exhumación e identificación de las víctimas existentes en las fosas comunes del franquismo y su constatación como prueba de “crímenes contra la humanidad”.
8º. La II República, el golpe de estado, la represión y la dictadura franquista deben contar con la máxima difusión y divulgación y por tanto, ser objeto de tratamiento en los diferentes planes de estudio en el sistema educativo español.
9º. Reconocimiento expreso de la guerrilla antifranquista como militares de la República, en cuanto continuadores de la lucha contra el franquismo y el fascismo en España y Europa.
10º. Retirada de la simbología franquista que pesa sobre el patrimonio cultural y urbano (callejero, monumentos, placas conmemorativas, denominaciones de centros y servicios públicos…).
11º. Ilegalización de los partidos y organizaciones políticas, sociales, culturales… de naturaleza e identidad fascista, por constituir una amenaza para el ejercicio del pluralismo y de las libertades democráticas de la ciudadanía. Sin olvidar la inclusión en la legislación del delito de “apología”.
12º. Declaración de un Día Oficial dedicado a la memoria, recuerdo y homenaje de las víctimas del franquismo y de la Dictadura, así como al de todos aquellos y aquellas que lucharon por las libertades, la democracia y la justicia social. 13º. Entendemos y no renunciamos a la reparación material de las víctimas del franquismo, entendida como la devolución de los bienes incautados durante la represión franquista, y multas impuestas por adhesión a la rebelión.
Conscientes de que estas aspiraciones nos vinculan con la mayoría social y progresista de nuestro país, llamamos, desde la PLATAFORMA, a todas las organizaciones cívicas, culturales, sociales, sindicales, políticas y, en especial, a aquellas que tienen su razón de ser en la recuperación de la memoria colectiva y a las personas comprometidas con la defensa de las libertades y de los valores de la cultura democrática, a establecer cauces o mecanismos activos y permanentes de mutua colaboración.
La destrucción de la memoria imposibilita la construcción de un proyecto democrático duradero. Queremos que el horror padecido por las generaciones que sufrieron la Dictadura se inscriba en la memoria colectiva. Sólo de esa manera daremos una nueva oportunidad a los que tantos y tan generosos sacrificios realizaron. “La reconstrucción de la memoria forma parte del aprendizaje del presente”.