El nuevo gobierno: memoria e impunidad (una reflexión)

Aunque sobre decirlo, es obvio que una mayoría de ciudadanos celebramos la caída del PP y del Gobierno Rajoy, independientemente de la orientación que pueda seguir el nuevo gobierno.

¿Pero qué está en el origen de este cambio? ¿Crisis de gobierno o crisis de régimen? Rajoy no ha caído por una simple crisis de gobierno. Si así fuese habríamos vivido un conflicto intra-gubernamental, lo que no es el caso (no había otra alternativa en la derecha española y menos en el seno del PP), pero tampoco se puede afirmar que la oposición social y política haya derrocado al PP, a través de la movilización y el protagonismo social (descendente desde 2015, esa “ventana de oportunidad” que se cierra para impedir la ventilación). Sin grandes dosis de error se podría afirmar que no le han echado los suyos pero tampoco nosotros. ¿Entonces?

La podredumbre ha sido un abrasivo para el régimen y los efectos de la pasada movilización social contra los recortes, han terminado por estremecer algo que va más allá del gobierno del Estado: El régimen de la Reforma. Esa crisis de régimen con el beneplácito de las élites, ha puesto fin al gobierno. Rajoy y aupado a Sánchez. Sus condicionamientos no derivan del apoyo de la izquierda radical ni del nacionalismo catalán y vasco sino de las tareas necesarias para adecentar, mínimamente, un régimen a la deriva.

Por otra parte, el nuevo gobierno no llega aupado por la movilización social de los grupos que han padecido las políticas del PP, lo que no deja de tener un significado trágico para las aspiraciones de esos mismos grupos (derogación de la reforma laboral y de la ley mordaza). El propio nuevo gobierno se encarga de limitar o regatear los compromisos contraídos con la ciudadanía. Y si el gobierno esquiva su función de representar a esa “mayoría social”, no le quedará más salida que entregarse a la minoría dominante, eso que denominamos oligarquía.

Es por ello que las funciones del nuevo gobierno hay que situarlas en todo aquello que sea necesario para aliviar al régimen de sus pesadas contradicciones. De un lado las exigencias de una “mayoría social” no construida; de otro, su compromiso por adecentar el régimen. El gobierno sabe y conoce que muchas aspiraciones de quienes le sostienen tienen un componente que desborda los contornos del propio régimen.

Entre la memoria y la impunidad

Por lo que respecta al asunto de la memoria y de la lucha contra la impunidad, hay que reconocer que sus primeras iniciativas parecen prometedoras. Prometedoras y baratas: a) supresión del ducado de Franco, b) expropiación del pazo de Meirás y de otras propiedades robadas, c) acabar con la subvenciones a la Fundación apologeta del dictador, d) retirada de condecoraciones a torturadores y afines, e) adoptar decididas medidas de sanción contra los militares firmantes del Manifiesto endesagravio del dictador y por supuesto, f) exhumación de Franco y del “ausente” del Valle de Cuelgamuros… En fin, en principio ninguna de estas medidas resultan incompatibles con la estabilidad del régimen; en cambio, suscitarán la oposición de grupos, sectores sociales e institucionales que, de forma vergonzante unos y entusiasta otros, protegen la memoria del franquismo (¡¡¡y de la Transición!!!). El bloque reaccionario que se está configurando y no sin conflictos con su representación política (PP y Cs) debería ser derrotado en todas sus aspiraciones.

Bienvenida sea la modificación de la Ley de Memoria Histórica por qué no de Memoria Democrática y cuantas iniciativas hayan tenido que ver con las “políticas de memoria” desarrolladas por diferentes poderes públicos. Pero el problema no es la memoria, pues ésta debería contribuir a un cierto reequilibrio de las diferentes interpretaciones político-históricas y sin embargo, la propia dinámica del conflicto social transforma la defensa de la memoria en una subversiva lucha contra la impunidad. Con otras palabras: la impunidad no tolera la memoria.

La verdad, la justicia y la reparación son elementos constitutivos de la reivindicación de una memoria negada, lo que implica entrar en conflicto con la memoria dominante. Una memoria dominante compuesta de identidades franquistas adaptadas al espíritu de la Transición (equidistancia, reconciliación, guerra fraticida, heridas supuestamente cerradas, mirar al futuro…). Y este relato tiene su público, además de ocultar e incluso, legitimar la impunidad. Se puede aspirar a la reconciliación y se puede desear la democracia, pero las dos cosas a la vez es imposible. Todo lo anterior resalta el carácter transformador de la reivindicación de la memoria (sin la impunidad el problema de la memoria democrática estaría resuelto). Así, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición sirven a la memoria democrática a la vez que se confrontan a la impunidad (la otra memoria, la dominante).

En fin y en contra de lo previsto, este es un eslabón frágil del régimen de la Reforma. La lucha por la memoria democrática (o memorias) conduce a la lucha contra la impunidad y de paso nos descubre todo aquello que es tolerable o intolerable para el régimen vigente.

Justicia e impunidad

La autonomía e independencia del poder judicial en el caso español  son poco más que una ficción. Una ficción funcional para el ejercicio del poderpolítico. Sabemos que la Justicia puede limitar los aspectos más lacerantes de las relaciones sociales, contribuir a disminuir los abusos de grupos sociales prominentes e incluso, proteger a las víctimas de delitos aviesos. Pero lo que no puede es practicar la disonancia con los poderes políticos, con las instituciones y en definitiva, con los diferentes grupos sociales (de la naturaleza clasista de la Justicia española existen pruebas abundantes).

La Justicia como toda institución de naturaleza política no puede situarse al margen de las leyes que rigen el conflicto social. Su actuación es y será siempre política. Siempre al servicio de la reproducción social y en especial de la desigualdad (cuando se habla de “inseguridad jurídica” siempre se refiere a los mismos grupos sociales, nunca ala “mayoría social”). Por eso, cualquier esperanza en una actuación autónoma e independiente no deja de ser una ilusión injustificada. De la misma forma que el ejercicio de derechos y libertades no depende, en exclusiva, de las leyes, tampoco puede ser la Justicia la que asegure la erradicación de la desigualdad (ni de la impunidad).

Así es, la impunidad es algo más que un conjunto normativo-jurídico, una estructura para la redistribución social del poder o un laberíntico escenario por el que transcurren las relaciones humanas, colectivas e individuales. Afrontar su rechazo requiere de numerosas iniciativas, múltiples caminos sin que pueda otorgarse validez universal a cualquier estrategia.

La impunidad no tiene, por tanto, una solución estrictamente judicial. Se podría afirmar que la impunidad y la justicia no son asuntos de jueces. Un ejemplo: el juicio a torturadores y criminales franquistas lo realizará la Justicia española, pero no procederá de la actual Justicia española.

Las políticas públicas

Es razonable pensar que los poderes públicos (Estado, CC.AA., Ayuntamientos) deben remover los diferentes obstáculos legales, institucionales y sociales que impiden avanzar en dirección a la Verdad y la Justicia.

Todos los poderes públicos intervienen en una u otra dirección: con más o menos interés pueden incluir el asunto en su “agenda política”, manifestar más o menos equidistancia entre víctimas y victimarios, empatía hacia unos u otros o, mantener la preeminencia de unas víctimas sobre otras (víctimas de ETA y víctimas del franquismo). Mención aparte merece la actuación de la Justicia, resumido en aquello de “ni juzga ni deja juzgar” y cuyos argumentos se podrían calificar como posiciones de Estado y resumirse:

a) Vigencia de la Ley 46/1977 de Amnistía.b) Existencia de la Ley 52/2007 sobre Memoria Histórica.

c) Prescripción de los delitos cometidos por el franquismo.

d) Carácter esporádico y no sistémico de los delitos denunciados.

e) Considerar que cualquier actuación reabre las heridas supuestamente cerradas.

f) Señalar la primacía de la Jurisdicción española y negación de la concurrencia jurisdiccional.

g) Por último un argumento político y no jurídico: La Transición española como valor académico, social y político que permitió la reconciliación.

Con una Justicia así, con los residuos del franquismo movilizado y unos medios animosos con la apología de la Dictadura, el Gobierno debe entender que es el momento de no retroceder e infringir una derrota a todas las fuerzas sociales y grupos herederos del franquismo. No es exagerado pensar que el desenlace de este conflicto puede abrir nuevas perspectivas en favor de cambios progresistas en otros terrenos o, por el contrario, conducir a nuevos retrocesos políticos y sociales.

Una lucha por la democracia y los derechos humanos

No es deseable que un asunto tan trascendente pueda quedar reducido a las iniciativas o vaivenes del Gobierno. Si así fuese, el desenlace sería previsible y concluiría con el repliegue del Gobierno sin olvidar las inevitables consecuencias negativas para un incierto próximo futuro.

La presión social y la movilización deberían acompañar a unas medidas de gran impacto simbólico. Es curioso que el factor determinante afecte, de forma directa a la familia Franco: retirada del cadáver del dictador del Valle de Cuelgamuros, supresión del ducado de Franco, expropiar sin indemnizar el pazo de Meirás y otras propiedades robadas y suprimir cualquier subvención a la FNFF así como recuperar el patrimonio apropiado por la misma.

Después vendrá la exigencia de retirada de condecoraciones a conocidos torturadores o no dejar sin sanción la notoria insubordinación de casi mil militares identificados con el franquismo. No es odio, son las garantías necesarias para la no repetición.

No es necesario recordar que tanto la memoria como la impunidad son componentes fundamentales de una lucha por la democracia y los Derechos Humanos. A fin de cuentas la impunidad del franquismo no podría separarse de la lucha contra las élites y grupos sociales que imponen otra impunidad, social, económica, cultural… al conjunto de la sociedad española. Algo observable, sobre todo, a partir del año 2008.

Pero las aspiraciones de este movimiento social son más amplias. De forma resumida hay que resaltar las más significativas:

  • Modificación de la Ley 46/1977 de Amnistía, en el sentido de que no se puede amnistiar a quién jamás fue juzgado ni condenado y sin olvidar el carácter inamnistiable e imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad. En suma: que aquella Ley deje de ser una Ley de punto final.
  • Modificación de la ley52/2007 sobre Memoria Histórica en la dirección que señalan diversas recomendaciones de Naciones Unidas.
  • Aplicación y respeto de la legislación internacional en materia de Derechos Humanos. Cumplimiento de las normas del Derecho Internacional y en particular del Derecho Internacional Penal como base fundamental para la existencia de una Jurisdicción Universal que haga imposible y persiga los delitos de lesa humanidad.
  • Declaración de nulidad de todos los procedimientos judiciales, procesamientos, sentencias, condenas y sanciones de los tribunales represivos del franquismo por ser notoriamente ilegales.
  • Asunción por parte del Estado de su responsabilidad en la localización, exhumación e identificación de las víctimas existentes en las fosas comunes del franquismo y su constatación como prueba evidente de “crímenes contra la humanidad”.
  • Retirada de la simbología franquista que pesa sobre el patrimonio cultural y urbano (callejero, monumentos, placas conmemorativas, denominaciones de centros y servicios públicos…). Creación de directrices urbanísticas y medio ambientales para la adecuada preservación, conservación, mantenimiento, señalización y divulgación de todos aquellos parajes, lugares y construcciones relacionadas con la guerra, la represión y la lucha antifranquista.
  • El acceso a la Función Pública, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas, a los diferentes órganos de la Administración de Justicia debe incorporar, en sus diferentes programas de estudio, la defensa y el valor de la democracia y de los Derechos Humanos, pues solo de esta forma se asegura la proscripción definitiva del fascismo y el totalitarismo.
  • Garantizar el acceso a la Justicia a toda la ciudadanía susceptible de demandar su amparo y protección. Creación de una Fiscalía especializada en la persecución de los crímenes del franquismo, y designación de los órganos judiciales competentes para la persecución de los mismos. Creación de una Oficina de Víctimas del franquismo, capaz de centralizar todas las solicitudes referentes a reclamaciones, reparaciones, reconocimientos y todas aquellas cuestiones vinculadas a la represión y a los daños ocasionados por el Estado y otras instituciones particulares o privadas.
  • Reparación material de las víctimas del franquismo, entendida como la devolución de los bienes incautados durante la represión franquista así como de las multas impuestas por “adhesión a la rebelión” o “auxilio a la rebelión”.
  • Apertura de los Archivos públicos e igualmente recuperación de todos los archivos de carácter privado pero que disponen de documentación de naturaleza pública (Fundación Francisco Franco, por ejemplo), a fin de que la ciudadanía, mundo académico, organizaciones cívicas y culturales…, puedan disponer del conocimiento suficiente o fomentar el estudio de la época referida. Lo que implica poner fin a la documentación secreta y a la denominada “información reservada”.
  • La Garantía de no repetición de los crímenes cometidos por el franquismo, obliga a una posible ilegalización de partidos, organizaciones políticas, sociales, culturales, etc. de naturaleza e identidad fascista, por constituir una amenaza para el ejercicio del pluralismo y de las libertades democráticas de la ciudadanía. Sin olvidar la inclusión en la legislación del delito de “apología”.
  • Constitución de una Comisión de la Verdad (CV).
  • Rechazar cualquier propuesta que pretenda dar una imagen inmaculada o renovada del mausoleo fascista conocido como “Valle de los Caídos”, en especial cualquier pretensión de convertirlo en un espacio compartido de “memoria histórica”, cementerio civil o monumento en favor de la “reconciliación”. Soy de la opinión de que no se debe erradicar todo aquello prove- niente del franquismo como si este nunca hubiese existido. Otra cosa sería la resignificación del mausoleo (Auschwitz permanece no porque tenga otro significado, sino precisamente por lo que fue: campo de exterminio). En respeto de la memoria democrática, lo primero es proceder a la exhumación del dictador y posteriormente, a la identificación y retirada de las víctimas que pueblan las fosas del Valle.

Sobre la Comisión de la Verdad (CV)

Es una propuesta con amplio recorrido internacional y resultados, en general, satisfactorios. En nuestro caso, avalada, en calidad de recomendación, por el Relator de Naciones Unidas sobre laVerdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Sin embargo, no existe un criterio coincidente en cuanto a la necesidad de su constitución, desde quiénes consideran que es una alternativa a otras iniciativas democratizadoras hasta valorarla como complementaria de las mismas.

Sería un error rechazar la creación de una CV, independientemente del debate-conflicto sobre el cómo, quiénes, cuando, para qué…, es decir, sobre su significado social y político, sobre sus objetivos, sus investigaciones, sus resoluciones, etc.

De momento se trata de definirse en torno a suconstitución: ¡Sí o No! Otras cuestiones adyacentes serán debates posteriores. Lo urgente es entender su significado, social y político:

  • La constitución de la CV supondría poner a la sociedad española ante un espejo, causaría una auténtica conmoción, habida cuenta del desconocimiento imperante sobre el franquismo y la dictadura.
  • La publicidad permanente de sus investigaciones permitiría conocer el cúmulo de monstruosidades cometidas por el franquismo durante la guerra, la dictadura y la Transición.
  • La existencia de un CV obligaría a poner fin iría su credibilidad en ello  a los archivos secreto y a la documentación reservada, todavía inaccesible. Todo ello ilustraría sobre la vulneración sistémica de los Derechos Humanos.
  • En ningún caso la CV podría ser un instrumento o un aval para el régimen de la Reforma, ni para una supuesta reconciliación. Su objeto político no sería otro que la condena del franquismo, la investigación de sus crímenes y delitos y su permanencia en la sociedad española más allá de la propia dictadura.

En fin, sin cautelas previas, precisamente porque la misma existencia de la CV altera las relaciones políticas en perjuicio de aquellos que defienden la impunidad, además de producir un tremendo impacto en el cuerpo social. Las convulsiones de esta combinación de factores sociales y políticos nos mostrarán los límites del régimen surgido de la Transición y su difícil convivencia con una CV. No obstante, sería exagerado pensar que una CV iniciaría el proceso hacia una segunda transición.

El nuevo gobierno avanzará hasta donde la sociedad le empuje. Y se detendrá cuando atisbe que los límites del régimen amenacen desbordarse.

Septiembre de 2018

Sobre el autor: José Luis Mateos

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